La OPA de Gas Natural y los sectores regulados

Los autores analizan las consecuencias de la posible fusión de Gas Natural e Iberdrola y advierten de sus posibles efectos negativos en el sector energético.

En el ámbito de las actividades energéticas, la Ley de Hidrocarburos, en su disposición adicional undécima, otorga a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la función de "autorizar las participaciones realizadas por sociedades con actividades que tienen la consideración de reguladas en cualquier entidad que realice actividades de naturaleza mercantil".

Las reflexiones de la CNE contra la expansión de Red Eléctrica podrían extrapolarse al caso actual

La actuación de la CNE ha sido clave a la hora de analizar las consecuencias de posibles concentraciones empresariales sobre el sector energético, y en especial a la hora de decidir sobre los efectos negativos directos o indirectos que una operación de concentración puede tener sobre las actividades reguladas. La posible compra de Iberdrola por parte de Gas Natural afecta directamente a las actividades reguladas de los sectores de gas y electricidad.

El precedente más próximo de dictamen de la CNE en este cometido se encuentra en la operación de diversificación en Latinoamérica planteada por Red Eléctrica en marzo de 2002 y desautorizada por la CNE. Los paralelismos que pueden establecerse entre dicha operación y la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola se basan en el carácter regulado de las actividades de ambos grupos empresariales, y, en concreto, en las dificultades que la integración de ambos grupos en los términos propuestos por Gas Natural implicarían para llevar a cabo los planes de inversión comprometidos en actividades reguladas.

Algunas de las reflexiones de la CNE para desautorizar la expansión de Red Eléctrica podrían extrapolarse al caso actual. En su resolución menciona que "las inversiones que tiene previsto realizar (REE) en España las financiará en parte con recursos propios y en parte con endeudamiento. Las dificultades que podría encontrar REE para obtener dicho endeudamiento, así como el mayor coste financiero que previsiblemente tendrá el mismo, afectaría, sin duda, al nivel de inversiones que podría acometer en España".

La CNE consideraba que "los altos niveles, absoluto y relativo, de inversiones ajenas a la actividad regulada en España, que resultan de la inversión cuya autorización se solicita, producen un endeudamiento de REE superior al deseable para el desarrollo de la actividad regulada en España, con repercusión negativa en el cumplimiento de los compromisos derivados de la planificación, en la garantía y calidad del suministro y sobre el nivel adecuado de la retribución de la actividad de transporte y su repercusión en el cálculo futuro de tarifas".

La compra de Iberdrola por parte de Gas Natural con un pago en efectivo de 6.143 millones de euros de acuerdo con la oferta vigente, daría lugar a un grupo con una estructura financiera más endeudada. Con la integración de la deuda de Iberdrola y la financiación del pago en efectivo a los accionistas de aquélla, la deuda de Gas Natural se multiplicaría por ocho, mientras que el activo total sólo se multiplicaría por cuatro. Las potenciales desinversiones podrían suavizar esta situación, pero la reducción de deuda por esta vía llevaría aparejada una reducción similar en la base de activos.

El debilitamiento financiero derivado de la compra de Iberdrola afectaría a la materialización de las inversiones comprometidas por Gas Natural e Iberdrola en infraestructuras gasistas y eléctricas, de acuerdo con la planificación de la Administración establecida en el Documento de Planificación y Desarrollo de las Redes de Transporte de Gas y Electricidad, elaborado por el Ministerio de Economía para el horizonte 2002-2011.

Habrá que analizar si la incertidumbre en la materialización de estas inversiones, dada la menor capacidad financiera del grupo integrado Gas Natural-Iberdrola, incidiría en la seguridad del suministro eléctrico y gasista en el escenario de vigencia del Documento de Planificación.

Gas Natural ha anticipado que la integración de ambas compañías llevará aparejado un recorte de las inversiones previstas en diferentes negocios. En las actividades reguladas de distribución de gas natural, este recorte alcanza los 334 millones de euros hasta 2007, mientras que en distribución eléctrica, las inversiones previstas por sendas compañías se reducirán 286 millones de euros en el escenario de la integración.

El diferente grado de desarrollo en el que se encuentran las redes gasista y eléctrica es relevante en el análisis por cuanto supone una mayor exigencia inversora a Gas Natural en infraestructuras gasistas, que en el sector eléctrico. El carácter universal del servicio eléctrico determina un ritmo relativo de inversiones en distribución y transporte muy inferior al que requiere el sector gasista, en el que existe una significativa proporción de núcleos urbanos sin suministro de gas canalizado.

El Documento de Planificación de Infraestructuras en el sector eléctrico y gasista cuantifica las inversiones del sector gasista, en el periodo 2003-2011, en un total de 6.383 millones de euros para las actividades de regasificación, transporte, estaciones de compresión y almacenamientos subterráneos, (sin considerar inversiones en distribución de gas). Buena parte de este esfuerzo inversor debiera ser acometido por Gas Natural en su condición de principal transportista de gas en nuestro país, a cambio de la percepción de una retribución adecuada garantizada por las tarifas y los peajes regulados.

El menor desarrollo del sistema gasista, y la consiguiente mayor necesidad de inversión a fin de alcanzar el acceso del conjunto de la población al gas natural, ha sido uno de los motivos esgrimido por la Administración en la normativa del sector, para dar un mayor impulso y apoyo al sector gasista. En base a este objetivo se ha interpretado el mejor tratamiento regulatorio recibido por el gas natural en comparación con el sector eléctrico. El trato más favorable al gas se materializa en cuestiones como el reconocimiento de la retribución para nuevos activos desde el momento de su puesta en marcha -y no al año siguiente, como ocurre en el sector eléctrico-; la revisión trimestral de las tarifas de gas si el coste de la materia prima varía más de un 2%; el reconocimiento de retribución a la inversión en activos de transporte de gas incluso una vez amortizados, y la actualización de la retribución de la distribución de gas con un factor de eficiencia del 0,85, frente al 0,30 para el sector eléctrico.

La concentración de dos grupos empresariales con actividades reguladas -regasificación, transporte, distribución, almacenamiento y operación del sistema, en el caso de Gas Natural, y regasificación y distribución eléctrica, en el caso de Iberdrola- deteriora la actual estructura del sector gasista, al concentrarse bajo una misma gestión un enorme volumen de activos regulados, además del aprovisionamiento de gas al mercado a tarifa, que Gas Natural garantiza a Enagás. Con la compra de Iberdrola, se incrementaría el ya elevado poder de mercado de Gas Natural y se dificultaría la actuación del resto de agentes.

Desde el año 2000, cuando Gas Natural procedió a la separación de activos, el grupo integra a Gas Natural Aprovisionamientos y a Sagane -titular del gas natural procedente del gasoducto del Magreb-, las cuales tienen el compromiso de proveer a Enagás (41% de Gas Natural) de gas natural y GNL para suministrar al mercado a tarifa.

Gas Natural tiene la capacidad de gestionar su mix de aprovisionamientos y decidir los criterios de asignación de sus diferentes contratos de suministro al mercado o a tarifa. Esta capacidad de control es crucial para determinar la competencia en el sector. Si Gas Natural asignase a tarifa los contratos de aprovisionamiento más caros -vendiendo dicho combustible a Enagás-, se garantizaría la venta de los suministros menos competitivos -que encarecerán las tarifas de gas pagadas por los consumidores que no ejercen su condición de elegibles- y utilizaría los contratos de compra de combustible con mejores precios para operar con mayores márgenes o competir más agresivamente en el mercado liberalizado.

Esta situación introduce incentivos poco eficientes en la estrategia de Gas Natural, que se acrecentarían con la integración de Iberdrola, al ampliarse el volumen de contratos de aprovisionamiento susceptibles de traspasar a tarifa, y que no se solventaría a través de la enajenación de Enagás por parte de Gas Natural.

La falta de producción interior de gas natural, la concentración de la oferta de gas en unos pocos países y el carácter periférico de nuestro país dificultan el acceso al gas natural en unas condiciones de precio competitivas a nuevos entrantes sin un poder de compra significativo. Sólo la subasta del 25% del contrato de gas de Argelia, exigida por la Administración en el año 2001, ha hecho posible la entrada de nuevos operadores en el negocio de comercialización de gas natural, hasta entonces controlado por el operador dominante Gas Natural.

La creación de un grupo integrado entre el operador dominante del mercado gasista e Iberdrola deja a los recién llegados al sector gasista en una posición de desventaja, en la cual sería indispensable la enajenación de contratos de suministro de gas natural.

En cuanto al volumen de contratos de gas a ceder a terceros existe el precedente de la fusión entre Endesa e Iberdrola, en uno de los votos particulares del informe publicado por la CNE, favorable a la operación si se ponían condiciones a la misma, se reflexionaba sobre que "toda proporción de generación y distribución superior al 30% en manos de una sola empresa puede dificultar grandemente la competencia efectiva en el mercado mayorista y en el minorista en las condiciones de débil separación vertical de actividades que tenemos en España".

La creación de corporaciones energéticas de gran dimensión es una ambición lógica por parte de las compañías. Sin embargo, el argumento de la necesidad de alcanzar una dimensión adecuada en el mercado energético europeo es dudoso, dado el carácter de isla energética de nuestro país, tanto en electricidad, por la escasez de conexiones, como en gas, por nuestra posición periférica en Europa. En este sentido, debe ser prioritario que la compra de Iberdrola no dificulte la competencia en el mercado relevante, que es el mercado energético peninsular, antes que consideraciones de tamaño óptimo para competir en el Mercado Único europeo.

Tampoco la posibilidad de alcanzar masa crítica para la compra de gas en condiciones favorables parece admisible. Gas Natural es el operador dominante en el mercado gasista español, y todos los agentes reconocen ya su fuerte posición a la hora de negociar aprovisionamientos de gas, por lo que un incremento de esta fortaleza, más que favorecer a Gas Natural, perjudicaría a los nuevos entrantes en el mercado gasista.

La conciliación de los intereses de accionistas y consumidores es compleja, ya que los beneficios percibidos por unos en operaciones de concentración constituyen justamente los efectos negativos asumidos por los otros, ya sea en términos de menores inversiones en infraestructuras de las previstas, menor posibilidad de elección de suministrador, o más difícil contestabilidad del mercado por parte de los nuevos entrantes. Por este motivo es vital el papel de un regulador independiente que vele por conciliar los intereses de accionistas y consumidores.

Arturo Rojas y María Jesús Lago son miembros de Analistas Financieros Internacionales.