Reproches a la "inhibición" del interventor en su labor de control

El Tribunal de Cuentas hace un serio reproche al entonces interventor del Ayuntamiento, Vicente Arnau: "No requirió la rendición de las cuentas en los plazos oportunos, que hubiera posibilitado realizar reparos a la naturaleza de los diversos gastos irregularmente imputados". "No consta que emitiera informe alguno sobre el sistema de pago en firme, cuando perfectamente debía indicar que este sistema no podía amparar un mecanismo de pagos a justificar, como hasta ese momento venía ocurriendo en la gestión de esta cuenta", señala el tribunal. "Informó los mandamientos de pago en firme sin justificación previa o factura del destino del gasto".

"Y resulta rechazable", añade la sentencia, "que no habiendo emitido informe alguno, el 21 de febrero de 2000 admita que las cuentas quedaban en depósito del jefe del gabinete [Joaquín Moreno] sin ser rendidas y sin que realizara ninguna explicación sobre ello, al tiempo que, a requerimiento del alcalde, emita en esa fecha un informe para valorar que todos los gastos están justificados y son similares a los gestionados por otros alcaldes, como si el hecho de haber sido posiblemente irregular la gestión de esta cuenta en épocas pasadas pudiera justificar la gestión irregular actual de la misma".

El tribunal prosigue: "Dicho interventor pudo haber incurrido en responsabilidad contable a tenor de la información que consta en autos, pero no ha sido imputado ni demandado, por lo que este tribunal no puede hacer pronunciamiento alguno de condena, salvo el reproche a su inhibición e incumplimiento de sus funciones administrativas".

Culpa del jefe de gabinete

El tribunal carga contra Joaquín Moreno, jefe de gabinete de la alcaldía, que conformó la mayoría de las facturas de viajes y los recibos correspondientes a los donativos efectuados. Es "responsable directo del alcance" [gasto injustificado de un fondo público]. El auto reprueba su papel en la gestión de esta partida: "Su función le obligaba a conocer la normativa existente y a promover la modificación de la gestión irregular de la cuenta, requiriendo los informes correspondientes. No sólo no hizo nada al respecto, sino que intervino en la mayoría de los trámites de estos gastos autorizándolos en unión del alcalde. También se quedaron en depósito las cuentas, sin rendirlas a la intervención municipal, en contra de lo que es legalmente preceptivo, por lo que incurrió en negligencia grave".

Pero como la demanda del PSOE no concretó las irregularidades de este hombre de confianza ni la cuantía de los mismos, el tribunal sólo aprecia una responsabilidad solidaria en un viaje del alcalde cuya liquidación supondría 313 euros.