El Gobierno francés amplía el poder del fiscal al margen del juez

El Consejo de Ministros francés dio ayer el visto bueno a un proyecto de ley que amplía los poderes de los fiscales, sometidos jerárquicamente al ministro de Justicia y dependientes, por tanto, del poder político. Los fiscales podrán ordenar escuchas telefónicas sin permiso judicial, registros domiciliarios por la noche -prohibidos hasta la fecha, salvo en casos de terrorismo- o negociar la rebaja de penas con los "arrepentidos", al modo anglosajón.

Esta ampliación del poder de investigación del Gobierno va en detrimento del juez de instrucción. Algunas de las decisiones de los fiscales necesitarán un refrendo del "juez de las libertades", figura creada por el anterior Gobierno de izquierda, encargado de ratificar o no la prisión decidida por el juez instructor.

El ministro francés de Justicia, Dominique Perben, explicó la reforma como la necesidad de adaptarse a una delincuencia organizada cada vez más potente. Fiscales y policías verán reforzados sus poderes en el tratamiento de todos los delitos penados con más de cinco años de cárcel, como asesinatos, actos de tortura, tráfico de drogas, secuestros, proxenetismo, trata de seres humanos o terrorismo.

Cuatro días de retención

En todos esos casos, la policía podrá retener al detenido durante cuatro días, en vez de las 48 horas fijadas en la legislación vigente, que sólo podía sobrepasarse en caso de detenciones por terrorismo o narcotráfico. Fiscales y policías tendrán 15 días para practicar cada investigación preliminar, antes de dar cuenta al juez. La policía podrá infiltrarse en grupos de delincuentes, bajo identidad falsa y sin temor a ser acusada de la provocación de delitos.

Durante los meses de aplicación del lema ley y orden, las cárceles francesas se han llenado hasta alcanzar casi los 60.000 presos en estos momentos, el mismo nivel en que estaban después de la II Guerra Mundial, cuando la detención de decenas de millares de colaboradores con los nazis produjo un récord histórico de la población penal. Los defensores de la negociación con los arrepentidos aluden a la necesidad pragmática de descongestionar unas prisiones al borde del estallido físico.

Pero la transferencia del poder de investigación a los fiscales y la negociación de rebajas de penas para los "arrepentidos" rompen el tradicional procedimiento "contradictorio", básico en el sistema jurídico francés o español, e importa el procedimiento "acusatorio", propio de los países anglosajones.

El arsenal jurídico contenido en este proyecto será discutido en el Parlamento el próximo mes, pero la mayoría absoluta que apoya al Gobierno asegura el éxito de esta iniciativa, a la que se oponen las organizaciones profesionales de abogados y las asociaciones de jueces.