La liberalización agrícola no avanza

Los 145 miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) acaban de anotarse un sonado fracaso. El revés no ha sido tan estruendoso como el de la cumbre de Seattle de 1999, pero lo bastante ruidoso si se tiene en cuenta el momento en que se produce. En la reunión en Ginebra del lunes pasado, y tras más de un año de negociaciones, los miembros de la organización fueron incapaces de acordar el borrador para la liberalización total de la agricultura, un paso que viene retrasándose desde hace más de nueve años. Para muchos países en vías de desarrollo, el fracaso es una mala señal en un momento de debilidad, de guerra, de incertidumbre, en el que la economía mundial necesita un impulso.

"Los únicos que pueden desbloquear esto son los poderosos, la UE y EE UU"

La OMC se había fijado el objetivo de cerrar un acuerdo para desmantelar todos los sistemas de ayudas y barreras del sector agrícola en la cumbre de Doha (Qatar) de finales de 2002. Allí, con muchas dificultades pero con la necesidad de dar un mensaje de optimismo y cohesión en plena guerra de Afganistán, la organización lanzó la octava ronda de negociaciones para la liberalización del comercio mundial.

La ronda previa, la de Uruguay, que se prolongó desde 1986 hasta 1994, había dejado pendientes dos temas clave: la agricultura y los servicios. Ahora, miembros de distintas delegaciones dentro de la OMC afirman que si el tema de la agricultura no se resuelve de una vez, la organización habrá perdido toda su credibilidad, independientemente de la que tenga, y según para quién. La apertura del sector de la agricultura no puede demorarse más. Ahora la OMC tiene hasta la cumbre de Cancún de septiembre para alcanzar un pacto si es que quieren cumplir con lo acordado en Doha, que es liberalización total de la agricultura y los servicios para el 1 de enero de 2005.

El presidente del grupo que negocia sobre agricultura en la OMC, Stuart Harbinson, calificó de "muy grave" el hecho de que no se hubiese acordado nada. El incumplimiento, además, se suma a otros tres anteriores relacionados con el acceso de los países pobres a los medicamentos para combatir enfermedades infecciosas (como la pandemia del sida en África), el trato diferenciado para los países en desarrollo y la puesta en marcha de medidas pendientes desde la Ronda Uruguay, que deberían haberse resuelto ya el año pasado.

El borrador del acuerdo de Harbinson, hecho después de escuchar a todas las partes durante meses, proponía la total eliminación de las subvenciones a la exportación en nueve años, una reducción media de aranceles de entre el 40% y el 60%, según sean más o menos altos, en un periodo de cinco años y la disminución de las ayudas domésticas (tema que afecta especialmente a España) en un 50%, también en cinco años. En este último punto se proponía además un trato preferencial para los pequeños países en desarrollo.

No hubo una sola de las partes que no criticara el borrador. El grupo Cairns, que aglutina a los grandes productores agropecuarios (Australia, Argentina, Canadá, etc.), cree que el texto está muy lejos de forzar una verdadera apertura del sector. El embajador argentino ante la OMC, Alfredo Chiaradia, señaló que el mayor problema es de "acceso a mercados" (barreras arancelarias), que es donde más dificultades ponen tanto europeos y japoneses como EE UU. "Los únicos que pueden desbloquear esta negociación son los poderosos, la UE y EE UU, no nosotros. Esto es así de claro", dijo Chiaradia.

La UE, por contra, considera que el borrador va muy lejos y que es desigual en la exigencia de sacrificios. Los Quince, además, están embarcados en su propia reforma de la Política Agraria Común (PAC). De hecho, fuentes de la OMC esperan que el pacto que logren los Quince sobre la PAC para finales de junio sirva para impulsar el acuerdo en la liberalización del sector a escala mundial. Pero hasta entonces, la UE mantiene su oferta, que es la de reducir un 36% los aranceles que se aplican en la actualidad a los productos agrícolas y rebajar en una media del 45% las subvenciones a las exportaciones. Los Quince aceptan disminuir en más de la mitad (un 55%) las ayudas internas a la agricultura con la condición de que la carga sea igualmente repartida por el resto de países industrializados, en especial EE UU y Japón.

Bruselas, que no duda en disparar hacia todos los flancos, recuerda también que EE UU alienta la liberalización mientras que de la manga se saca créditos para sus exportadores que les permiten vender en condiciones más favorables que las del mercado o bien envíos de ayuda alimentaria que EE UU utiliza como pretexto para deshacerse de excedentes de producción y subvencionar a sus productores, según fuentes de la OMC.

En medio del duro enfrentamiento que sostienen las potencias económicas del mundo, muchos países en desarrollo intentan mantener la protección sobre los productos que consideran estratégicos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria o el desarrollo rural o el alivio de la pobreza y quieren reservarse el derecho de seleccionar ellos mismos esos productos. Los países del llamado grupo ACP (más de setenta de África, Caribe y el Pacífico) temen, además, que un desarme arancelario indiscriminado erosione las preferencias arancelarias de que gozan ahora en el mercado europeo frente a otros países en desarrollo y reclaman compensaciones para paliarlas.

El economista jefe del Banco Mundial, Nicholas Stern, lamentó que los países de la OMC no hubieran alcanzado para la liberalización del sector agrícola antes del 31 de marzo. Stern declaró que "los países ricos tienen que demostrar su compromiso para promover un sistema comercial abierto que beneficie a las poblaciones pobres en los países en desarrollo". Stern citó el ejemplo de las subvenciones de 3.900 millones de dólares (3.600 millones de euros) concedidas el pasado año por EE UU a sus productores de algodón, lo que triplica el total de la ayuda estadounidense a África. Esto ha hecho caer el precio del algodón en el mundo, reduciendo los ingresos de los agricultores de África Occidental, Asia central y del sur y en todos los países pobres, según el economista. "Lo mismo se puede extrapolar a las subvenciones concedidas por la UE a los productores de azúcar", dijo Stern.