La política de innovación

Desde el año 2000, las políticas científicas y tecnológicas están encuadradas en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 (Plan de I+D+i). Cumple, pues, su valoración, a la espera de que el Gobierno apruebe el nuevo plan para los próximos cuatro años, sin perjuicio de que el asunto sea materia de debate en las próximas elecciones generales.

El plan cifraba algunos objetivos para 2003. En general, la realidad va a estar lejos de lo pretendido, especialmente en lo que se refiere a los objetivos de gasto de I+D en relación al PIB, número de investigadores respecto de la población activa o inserción de doctores en empresas y centros tecnológicos. La constatación de la falta de vigor de la política tecnológica española parece justificada. La consecuencia es que la intensidad de la innovación de la empresa industrial española apenas alcanza el 47% de la correspondiente a la empresa europea, a la vez que el porcentaje de empresas españolas innovadoras respecto del total de empresas equivale al 52% del porcentaje de empresas innovadoras europeas. Es dudoso que el plan haya contribuido a estrechar la brecha que separa los sectores empresariales europeo y español.

"La intensidad de la innovación de la empresa industrial española apenas alcanza el 47% de la correspondiente a la empresa europea"

Conviene prestar atención a la herramienta estrella de la política de fomento de la innovación en España: la fiscalidad del gasto en innovación. Se ha dicho hasta la saciedad que nuestro país ofrece el cuadro de incentivos fiscales más favorable de la OCDE, lo que es cierto. Sin embargo, parece probado que su poder estimulador se limita a la población de empresas que cotizan en el mercado de valores, disfrutan de capacidades de autofinanciación elevadas u operan en sectores de contenido tecnológico elevado; la ausencia de ajuste entre los conceptos contable y fiscal de la I+D+i genera una incertidumbre considerable y dificulta el aprovechamiento de los incentivos por parte de las pequeñas y medianas empresas.

En definitiva, es más que dudoso que la fiscalidad actual de lugar a una ampliación actual de lugar a una ensanchamiento de la base de empresas innovadoras. Recientemente, el Gobierno ha anunciado la instauración de un sistema de certificación de la innovación, que podría ser administrado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Habrá que esperar y ver. Curiosamente, no es habitual que el diseño de la política de innovación preste atención a la competencia efectiva de los mercados. Sin embargo, se sabe que un tercio de la diferencia del esfuerzo innovador entre los países más avanzados en la materia y los más retrasados obedece a la existencia en estos últimos de barreras a la competencia múltiples. De igual manera, las exigencias de los clientes (mercados) son el principal factor desencadenante de los procesos innovadores en el sector empresarial.

Finalmente, una parte significativa del esfuerzo innovador se concentra en el sector servicios. Pues bien, las insuficiencias de la liberalización de las industrias de red y la consolidación de los obstáculos legales a la competencia en ramas importantes del sector español de servicios no parecen ayudar al objetivo de incrementar el esfuerzo innovador. A lo anterior habría que añadir el carácter de los mercados españoles de compras públicas.

De lo anterior podría deducirse que, en España, existen dos perfiles distintos de empresas : las innovadoras y las no innovadoras. Como han demostrado García Olaverri y Huerta, las primeras realizan habitualmente innovaciones de proceso y producto, a la vez que observan prácticas organizacionales avanzadas en materia de recursos humanos, retribuciones, o acuerdos de cooperación con clientes y proveedores. Se trata de empresas medianas y grandes que operan, a título principal, en mercados competitivos; en bastantes ocasiones con presencia extranjera en su capital. En consecuencia, el propósito de ampliar la base de empresas innovadoras debería invitar a prestar atención a las empresas que no realizan habitualmente este genero de actividades. Para las otras, la innovación es una regla del juego o, simplemente, es el reflejo de su cultura corporativa. No precisan demasiadas ayudas públicas.

El Plan de I+D+i vigente no formula propuestas específicas para este fin; la fiscalidad no es un instrumento determinante. Cabe, sin embargo, echar un vistazo al mundo de los centros tecnológicos sectoriales y horizontales, públicos y para-públicos, cuyo propósito fundacional suele ser la prestación de servicios técnicos y la transferencia de tecnología a las pequeñas y medianas empresas. Habitualmente, disfrutan de financiación pública no condicionada a los resultados alcanzados. De hecho, constituyen el segmento del sistema español de ciencia y tecnología menos sujeto a evaluación externa. Es dudoso que, con carácter general, fomenten la difusión de innovaciones en sus respectivos ámbitos de actividad. Lo mismo cabe decir de los numerosos parques científicos y tecnológicos.

El nuevo Plan de I+D+i podría ocuparse de estos extremos. En todo caso, a lo mejor convendría olvidarse de la redacción de planes y prestar algo más de atención a los obstáculos que desincentivan la realización de tareas innovadoras en la empresa española. Sería una innovación de la política tecnológica española.

Alberto Lafuente Félez es catedrático de la Universidad de Zaragoza.