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La Juez deja visto para sentencia el juicio civil sobre los créditos a los alumnos de Opening

La Junta de Andalucía lleva el caso a la Fiscalía de Sevilla por sospecha de delito penal

Un juzgado de Sevilla dejó ayer visto para sentencia el juicio civil contra la academia de enseñanza de inglés Opening y cuatro entidades financieras en relación con los créditos pagados para financiar aquellos cursos que nunca tuvieron lugar, ya que la academia quebró en agosto pasado. Las tres asociaciones de consumidores que ejercen como demandantes aseguran que la ley les autoriza a la defensa de los cerca de 45.000 afectados. Por otro lado, un juzgado de Castellón reconoció el jueves el derecho de 19 trabajadores a percibir los sueldos e indemnizaciones que les adeuda la firma.

Los representantes de las asociaciones de consumidores (Facua, Al-Andalus y UCA) aseguraban ayer al finalizar el juicio civil en Sevilla que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil les ampara como representantes de los cerca de 45.000 afectados por la quiebra de la academia Opening. Por su parte, los abogados del SCH, BBVA Financia, Pastor Serfin y Eurocrédito no sólo discrepaban de este punto, sino que defendían que la quiebra de la academia de idiomas no tenía nada que ver con los créditos suscritos con sus entidades para pagar los cursos, aunque algunos no hubieran tenido lugar jamás. Por su parte, uno de los seis afectados que declaró ayer como testigo sostuvo que no hubo claridad a la hora de suscribir estos créditos y que creía que se trataba de un pago adelantado "similar al de las tarjetas de algunos centros comerciales".

Tras escuchar a unos y de otros, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla dejó ayer el caso visto para sentencia. Pero sea cual sea el resultado, la Junta de Andalucía podría abrir un nuevo frente legal en este caso. Así, la directora general de Consumo de Andalucía, Elia Rosa Maldonado, afirmó que su departamento había trasladado las más de 1.900 quejas recibidas a la Fiscalía de Sevilla por si hubiera delito penal. Maldonado aseguró que muchos de los afectados suscribían los créditos con el convencimiento de que suscribían una domiciliación de pagos. La responsable de Consumo fue más contundente al asegurar que algunas academias habían realizado contratos de este tipo incluso después de la quiebra y que se podía hablar de "casi un diseño de fraude".

Por su parte, las asociaciones de consumidores arremeten contra las entidades financieras, ya que sostienen que éstas han cobrado cuotas después de que este mismo juzgado sevillano ordenara en una medida cautelar en enero la suspensión de los cobros. Des esta medida no se podrán beneficiar aquellos que tengan abiertos otros procesos por la misma causa en distintos juzgados.

Sentencia en Castellón

Por otra parte, el Juzgado de lo Social número 2 de Castellón reconoció el jueves el derecho de 19 trabajadores de Opening a cobrar los salarios e indemnizaciones que la firma les adeuda, según se recoge en el fallo hecho público ayer. La Federación de Enseñanza de CC OO anunció el inicio de acciones dirigidas a que el Fondo de Garantía Salarial abone las cantidades adeudadas por Opening. Los 19 profesores afectados cobrarán 77.910 euros por salarios retrasados y 20.389 euros de indemnización.

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