Interior decide reformar la Ley de Extranjería tras el varapalo del Supremo

El Gobierno va a cumplir "lo antes posible" la sentencia del Tribunal Supremo que anula 11 artículos del reglamento de la Ley de Extranjería, pero no va a cambiar su política de inmigración. Lo que sí va a cambiar es la ley, por tercera vez desde que gobierna, para incluir los preceptos que han sido abolidos. El principal reproche del Supremo es que el reglamento, una norma de rango inferior, es más duro que la ley de la que emana.

El ministro del Interior, Ángel Acebes, dejó ayer clara la postura de su departamento durante una rueda de prensa conjunta con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tras la firma de dos convenios de colaboración. "El Gobierno va a seguir con su política de inmigración, que es la misma que está aplicando el resto de la Unión Europea", dijo.

La frase se traduce en "la firme decisión" de continuar expulsando de España con todos los requisitos legales y con las mayores garantías a los inmigrantes que entran de forma ilegal en España. Eso no quiere decir que no se vaya a cumplir la sentencia, precisó el ministro. "La respetamos y acatamos y tenemos la mejor disposición de llevar a cabo su cumplimiento en el menor tiempo posible", explicó Acebes.

Lo que quiere decir es que el Gobierno "ya está estudiando modificaciones legales" para incorporar a la ley los 11 preceptos del reglamento anulados por el Supremo. "Porque lo que esencialmente establece el Tribunal Supremo es que determinadas disposiciones reglamentarias tienen que tener rango de ley y, por tanto, es una cuestión de rango normativo", explicó el ministro ante el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González.

"Para adaptar el cumplimiento de la sentencia, dentro de la voluntad general", precisó Acebes, "tienen que incorporarse a la Ley de Extranjería [los artículos del reglamento anulados] para que tengan rango de ley, y esto es lo que haremos", puntualizó. Y mientras llegan las modificaciones legales a la segunda Ley de Extranjería que se aprueba bajo el Gobierno popular, Interior "va a continuar, porque la sentencia no lo impide, con su política de inmigración". Es decir: "Vamos a seguir expulsando, con todas las garantías, a los que llegan a España de forma ilegal, porque si no daríamos la razón a las organizaciones que trafican con seres humanos, dejaríamos ver que tiene las mismas consecuencias, entrar de manera ilegal que legal".

Acebes subrayó la anulación por parte del Supremo del ingreso en centros de internamiento de los extranjeros que llegan en patera, algo que, dijo, "en realidad no afecta a la acción del Gobierno". Así, explicó que hoy día, cuando transcurren más de 72 horas sin que pueda devolver a un extranjero, "a la mayoría se le abre un expediente de expulsión". El fallo, argumentó, "no afecta" a los procesos en los que se incoa dicho expediente, "que se van a seguir haciendo de la misma forma".

El mero anuncio de una nueva reforma de la ley, la tercera, provocó una avalancha de reacciones. Los responsables de inmigración de PSOE, Convergència i Unió e IU pidieron al ministro que reflexione y no se precipite al abordar una nueva reforma del texto legal. En la misma línea se pronunciaron las organizaciones Red Acoge (que recurrió por la vía contencioso administrativa el reglamento y ganó), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) y los sindicatos CC OO y UGT.

Los llamamientos a la negociación para abordar los cambios se combinaron con advertencias sobre la legalidad de las intenciones de Interior y sobre futuras sentencias sobre el reglamento y la ley en sí, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Las organizaciones y partidos coincidieron en que el fallo del Supremo es un toque de atención a la política de extranjería que el Gobierno, dicen, no debería obviar.