La llegada de menores inmigrantes 'sin papeles' se dispara en Euskadi

La presencia de menores extranjeros sin papeles ni familia ha aumentado de manera espectacular en Euskadi en los dos últimos años. Entre 2001 y 2002, un total de 931 recalaron en los servicios que las tres diputaciones han habilitado para atender a este colectivo, el doble de los que entraron entre 1997 (primer año que se empezó a cuantificar) y 2000. La presencia de estos menores varía en función de factores como las posibilidades reales de cruzar la frontera, la normativa de extranjería, la situación de los servicios de acogida y las facilidades para obtener la documentación en un tiempo que no les resulte excesivo.

La situación presenta grandes diferencias entre los tres territorios. El contingente se concentra de manera especial en Vizcaya (266 menores el año pasado), mientras que en Guipúzcoa el número ascendió a 117 y en Álava a 30. El Ararteko constata la dimensión del problema en su último informe, correspondiente a 2002. Según el Defensor del Pueblo Vasco, se trata de un fenómeno en el que resulta complicado efectuar previsiones sobre el futuro y, en función de ellas, "poder anticiparse a las necesidades o programar los recursos necesarios". En Euskadi, las diputaciones han optado por habilitar servicios destinados exclusivamente a estos menores. La obtención de los papeles y permisos necesarios y facilitarles una preparación adecuada para que se incorporen al mercado laboral son, según el Ararteko, las únicas vías para evitar que acaben convirtiéndose en delincuentes.

Los jóvenes proceden, en su mayoría, de Marruecos y su permanencia en los servicios de las diputaciones es muy variable, desde un día hasta casi todo el año. Donde la situación resulta más compleja es en Vizcaya, cuya Diputación cuenta con dos centros específicos en Loiu y Orduña y varios pisos que actúan como trampolín de cara a la emancipación de los menores. Una vez analizados todos los datos, como el estado de las instalaciones, la situación de las plantillas, la capacidad de los centros para atender las demandas, la tramitación de documentos y la coordinación con otras instancias, el Ararteko ha observado varios problemas.

En primer lugar, cuestiona el criterio de la Diputación vizcaína para la tramitación de la documentación de los menores. A diferencia de años anteriores, en los que dicha tramitación la realizaba el propio centro en cuanto ésta era posible, desde febrero de 2002 la Diputación marcó el criterio de no iniciar los trámites hasta pasados nueve meses de haber acogido al menor. Este cambio supuso un retraso en la obtención de los permisos y, por tanto, un notable bajón en las demandas de acogida y en los tiempos de estancia en los centros. Así, la Diputación presentó sólo 12 peticiones de permisos de residencia de entre los 266 menores que recalaron en sus servicios (ver EL PAÍS del pasado 16 de marzo).

Consecuencias negativas

Según los profesionales de los centros, que el Ararteko cita en su informe, las consecuencias negativas de esta modificación son la pérdida de motivación de los menores, huidas e incluso el paso a la delincuencia y retraso en los procesos de emancipación. Ante esta situación, el Ararteko ha abierto un expediente de oficio ante el Departamento de Acción Social vizcaino en el que muestra su rechazo al cambio de criterio.

En segundo lugar, el Defensor del Pueblo vasco se queja de la "insuficiente" colaboración del Departamento de Educación para poder resolver de una manera efectiva los problemas de escolarización de los menores. "No se da respuesta institucional a las necesidades iniciales de aprendizaje lingüístico y la Administración rechaza algunas propuestas para crear recursos específicos", advierte la titular del Ararteko, que ya ha solicitado una respuesta a la consejería.

Las limitaciones de los recursos, especialmente de los pisos destinados a la emancipación de los jóvenes inmigrantes, es otra de las lagunas apreciadas por el equipo de la ararteko, junto con retrasos en la obtención de las tarjetas sanitarias y los frecuentes cambios en los equipos de educadores. Gran parte de los problemas constatados en Vizcaya se repiten en Guipúzcoa, sobre todo los relativos a los criterios para tramitar la documentación y las posibilidades de salida.