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Columna
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CiU y el PSC, dos estatutos frente a frente

Francesc Valls

Todos los partidos con presencia en el Parlament, excepto el PP, están de acuerdo en que el Estatut de 1979 ha encogido. El Partit dels Socialistes y Convergència i Unió tienen listos sus proyectos. Las dos formaciones coinciden en que es preciso cortar un nuevo patrón para afrontar un futuro sin estrecheces, con un autogobierno eficaz, próximo al ciudadano, dotado de una buena financiación y -según gustos- con mayor o menor vinculación al marco español, que es referente para ambos.

El socialista es un proyecto de corte republicano, con múltiples referencias a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. El convergente, en cambio, prefiere orientarse al refuerzo competencial, hacia una Administración que quiere parecerse lo máximo posible a la de un pequeño Estado, incluyendo el derecho de autodeterminación.

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Aunque ambos proyectos hablan de lealtad recíproca hispano-catalana, el de CiU propugna un nuevo pacto entre el Estado español y Cataluña como si fueran dos orillas. Es decir, un nuevo marco de relaciones basado en la aplicación de la cláusula constitucional de los derechos históricos, la reservada a las comunidades forales, Navarra y el País Vasco. Los socialistas, en cambio, afirman que Cataluña es una nación que forma parte de la España plural y que las relaciones entre ambas deben estar basadas en la lealtad recíproca, la colaboración y la asistencia mutua.

En el capítulo de lengua, ambos textos son muy parecidos: deber de conocer las dos lenguas oficiales. Casi idénticas son las propuestas sobre justicia. Ambos propugnan que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la última instancia, excepto en el recurso de unificación de doctrina.

La financiación autonómica es otro plato fuerte de los proyectos. Los socialistas propugnan, con el impreciso horizonte del régimen foral a medio plazo, un sistema basado en la contribución según la capacidad fiscal de los ciudadanos y participación en los ingresos del Estado de acuerdo con las necesidades de servicios públicos en función de la población. Para los nacionalistas, el modelo es la recaudación íntegra y la fijación de un cupo de devolución al Estado:el pacto fiscal a la vasca.

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Vistos los papeles, resulta paradójico que el socialista requiera la reforma de la Constitución -que el PSC ha propuesto- porque el de CiU es precisamente el que más parece necesitarla, aunque haga ostentación de lo contrario. Como con la virginidad de María, CiU pretende que su plan sea el rayo que atraviesa el cristal constitucional sin romperlo: ni antes ni durante ni después del parto.

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