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El juzgado anula el nombramiento del secretario de un ayuntamiento de Batasuna

El País

El juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián ha declarado nulo el nombramiento de Xabier Otaegi como secretario accidental de Belauntza -localidad de 300 habitantes de Tolosaldea gobernada por la ilegalizada Batasuna-, al apreciar numerosas irregularidades en el procedimiento seguido para su nombramiento, primero como coordinador de servicios y luego como secretario municipal.

La designación de Otaegi se produjo en junio del año pasado, después de que la anterior secretaria, nombrada por la Diputación para cubrir una vacante, pidiese la baja por enfermedad.

El diputado de Presidencia, Joaquín Villa, declaró en su día en Juntas Generales que la funcionaria había sufrido el acoso laboral del alcalde, el abertzale Jexus María Zelaia, y del anterior secretario, Iñaki Badasoro, destituido por no cumplir los requisitos precisos para el puesto.

La Diputación de Guipúzcoa presentó un recurso contra el nombramiento de Otaegi como coordinador de servicios municipales y secretario accidental de Belauntza, al considerar que su nombramiento se había realizado "prescindiendo del procedimiento legalmente establecido".

El fallo del juzgado establece ahora que la publicidad que se dio a las bases de la convocatoria "no se ajustó a los requisitos mínimos" de la legislación vigente", ya que sólo se anunció en el tablón municipal. Agrega que es "sorprendente" el que "no conste en el expediente el nombramiento de tribunal alguno" que evaluase los méritos de los aspirantes al cargo.

La sentencia no es firme y el afectado puede presentar un recurso de apelación. La Diputación guipuzcoana tiene además presentada una denuncia penal contra Jexus María Zelaia e Iñaki Badasoro por un presunto delito de coacciones contra la secretaria, Ane Gómez Urteaga.

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Juicio al alcalde de Pasaia

Por otro lado, el alcalde de Pasaia, Juan Carlos Alduntzin, de la ilegalizada Batasuna, será juzgado el próximo 7 de abril acusado de un delito contra las instituciones del Estado por negarse a colaborar con el Ararteko. La Fiscalía pide un año de suspensión de empleo o cargo público.

El fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián, Luis Navajas, recordó ayer que la acusación deriva de la negativa del alcalde a contestar a varios requerimientos que la titular en funciones del Defensor del Pueblo vasco, Mertxe Agundez, le hizo en 2001 tras recibir "diversas quejas" de ciudadanos de Pasaia.

El primer edil argumentó que no había respondido porque los escritos de la ararteko iban encabezados con el lema "ETA no" y con el artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos, lo cual evidenciaba, a su juicio, que la institución "había perdido la neutralidad". La ararteko denunció que la actitud el alcalde había entorpecido su labor.

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