Anticorrupción pide dos años de cárcel para un ex consejero canario del PP

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha formulado escrito de acusación contra Tomás Van de Walle Sotomayor, ex consejero de Política Territorial y diputado popular en el Parlamento de Canarias, y Valeriano Díaz Castro, ex jefe del Servicio Jurídico de Ordenación del Territorio, para los que pide dos años de prisión y cinco de inhabilitación por un delito de malversación en el denominado caso Jinámar.

El escrito de acusación ante el Tribunal del Jurado es consecuencia de las diligencias de investigación iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Carlos Jiménez Villarejo, y fue acordado con la fiscalía de Canarias, que ha pedido la apertura de juicio oral contra Van de Walle y Díaz Castro.

El ministerio fiscal acusa a los dos implicados en el caso Jinámar de un quebranto patrimonial a la comunidad autónoma Canaria valorado en 48 millones de euros (8.729 millones de pesetas), al adjudicarse dos parcelas fuera del Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar mediante una escritura pública firmada por Díaz Castro, "en connivencia con Van de Walle", el mismo día en que éste cesaba como consejero para dar paso al Gobierno nacionalista actual.

Según el escrito de acusación del fiscal, en 1990, la Comisión de Urbanismo del Gobierno de Canarias aprobó el Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar, pero ante el elevado coste de la expropiación de 544.402 metros cuadrados, autorizó un pacto con los propietarios del terreno, a los que se concedió un aprovechamiento privado de 125.000 metros, siendo destinado el resto del suelo a "espacio de ocio y esparcimiento, sin uso residencial".

En marzo de 2000, siendo ya Van de Walle consejero de Política Territorial redujo la edificabilidad del Plan Especial a 85.000 metros y designó al jefe del Servicio Jurídico, Valeriano Díaz Castro, para que adjudicase las parcelas resultantes: una denominada Vivero, de 30.660 metros y otra de 287.005 metros, denominada Deportivo.

Desmedido afán de lucro

El 29 de enero de 2001 se protocoliza ante notario la adjudicación de las parcelas, "previa segregación por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias", a favor de Parque Marítimo de Jinámar. Según el escrito de la fiscalía, por parte de la comunidad autónoma compareció "sin la debida representación" Valeriano Díaz Castro, "quien, guiado por un desmedido afán de enriquecimiento, en connivencia con el consejero señor Van de Walle" y para compensar la pérdida de edificabilidad, incluye en la adjudicación las dos fincas de 30.660 y 287.005 metros cuadrados, propiedad ambas de la Comunidad y que se hallan fuera del ámbito y superficie del Plan Especial del Parque Marítimo", habiéndose estimado su valor patrimonial el más de 48 millones de euros.