Paradojas especulativas

Casi tres millones de pisos vacíos en España, una tasa de alquiler del 11,5% -la más baja de Europa- y una subida de los precios de los pisos de más del 80% en los últimos cinco años. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que revelan los graves desequilibrios del mercado inmobiliario español. La factura la pagan las personas con rentas más bajas, que ni pueden acceder a un piso en propiedad ni encuentran oportunidades para alquilar una vivienda debido al raquitismo de la oferta.

Los propietarios de pisos potenciales para alquiler no los ponen en el mercado por razones económicas y jurídicas que podrían corregirse con políticas adecuadas. La rentabilidad del alquiler no suele ser muy elevada -en torno al 4% anual-, pero no es ésta la única razón del retraimiento de la oferta. También cuentan las dificultades para cobrar a los morosos cuando se recurre a la vía judicial, la lentitud de los tribunales a la hora de decidir desalojos legales o la práctica imposibilidad de que los propietarios reciban compensaciones por daños y perjuicios en casos de destrozos. Los titulares de viviendas vacías, con razón o sin ella, prefieren no alquilar sus pisos aun a costa de renunciar a la renta, y no correr el riesgo de posibles enfrentamientos con inquilinos que se van a resolver tarde y mal en azarosos trámites judiciales.

El Gobierno ha optado por estimular el mercado de alquiler con un premio escaso y un castigo extemporáneo. Las desgravaciones fiscales al arrendador son insuficientes para compensar los riesgos legales, y la amenaza de imponer a los pisos vacíos un recargo en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) tropieza con problemas evidentes de aplicación. En primer lugar, porque la localización y calificación de tales viviendas requieren más medios e información de los que las administraciones públicas han dispuesto hasta el momento. Y además, porque cuando se aproximan las elecciones locales pocos gobiernos municipales decidirán aplicar un recargo impopular.

La mejora del mercado de la vivienda pasa por una modificación a fondo de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la agilización de los juicios en los que se resuelvan los contenciosos. Porque las medidas de estímulo que se han aplicado hasta ahora no funcionan.