Entre el estigma y el miedo

Algunos vecinos de Can Canaletes, en Cerdanyola del Vallès, en su mayoría jóvenes parejas, no quieren ver toxicómanos por el barrio. Ayer unos 150 se apiñaron ante las puertas del nuevo centro de atención primaria (CAP) de Canaletes, que alberga un centro de atención y seguimiento de las drogodependencias (CASD), para recibir con abucheos y gritos de "¡fuera, fuera!" y "¡manos arriba, esto es un engaño!" al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

Pujol, que acudió al CAP para inaugurarlo, apeló a su "solidaridad" y reclamó que fueran "racionales" porque los toxicómanos que están en tratamiento "no representan ningún peligro" y en algún lugar hay que poner los CASD. "Yo tengo un centro de dispensación de metadona debajo de mi despacho, en la calle de Sant Honorat. No podemos atender a los toxicómanos en una nube", dijo.

"La plataforma ha recogido 7.000 firmas a base de miedo", asegura un adicto en tratamiento

Pero tales argumentos no convencieron a los vecinos de Can Canaletes, que llevan dos meses de movilizaciones, manifestaciones y reuniones con entidades, Generalitat, médicos y Ayuntamiento. Como resultado de la última, el consistorio publicó los siguientes acuerdos: descentralización de la dispensación de la metadona a través de farmacias, compromiso de atender tan sólo a la población de Cerdanyola durante el primer año y creación de una comisión con participación social.

No obstante, tales acuerdos no convencieron a la plataforma contraria al CASD, que esgrime que su barrio, al pie de Collserola, "no es el sitio más adecuado" porque es "poco céntrico y está mal comunicado". Además, añaden, el CASD "no puede estar al lado de una residencia de abuelos, de una futura guardería, de un colegio y del instituto de secundaria". Fracasados los intentos de negociación, la tempestad está lejos de remitir. La plataforma ha anunciado más manifestaciones y ha empapelado todo el barrio de carteles con un no rotundo al CASD. Mientras, el Ayuntamiento prosigue en su empeño de convencer a todo un barrio con reuniones con comerciantes y vecinos. La alcaldesa de Cerdanyola, Cristina Real, del PSC, lo tiene claro: "Si hace falta iremos escalera por escalera, hasta que la gente lo entienda", asegura.

En un CASD se atiende a alcohólicos -son la mayoría-; a personas dependientes de la cocaína, las pastillas o a los fármacos; a padres preocupados porque sus hijos tontean con el hachís, y un largo etcétera. Pero quienes preocupan a la plataforma son los heroinómanos. "No queremos que nuestros hijos se crucen con ellos" porque "generan conflictos", asegura Carles Burrel, presidente de la asociación de padres de alumnos del Instituto Carles Buigas y miembro de la plataforma.

Burrel describe a los toxicómanos como personas "que han roto con sus familias, no tienen referentes familiares ni trabajo y se pueden quedar por aquí, hasta puede que se queden a dormir, porque aquí hay parques". Por ello, quieren que en ningún caso, en el CASD se dispense metadona y piden que "se desmantele la cabina porque es el símbolo".

José, de 31 años, tenía trabajo hasta que su adicción llegó a oídos de sus compañeros y responsables, y eso que ya estaba en tratamiento. Ahora no tan sólo tiene que luchar contra la tiranía de la sustancia que un día se inoculó y que le acarreó una sentencia de esclavitud -es un toxicómano crónico- sino también contra las miradas de estos vecinos, que son los suyos. "Cuando estoy en la panadería hay muchos que no entran hasta que me voy, ya me lo dice la panadera: 'Con lo majo que eres y lo que llegan a decir de ti". José no se identifica con la descripción de Carles. Cuando leyó los panfletos que plataforma reparte por el barrio, tuvo "miedo". "Ponen todo lo malo, como lo ven en las películas. Lo leí y hasta me dio miedo a mí. Son todo tópicos".

"Cada toxicómano es un mundo", explica Carles, que considera que los vecinos han conseguido 7.000 firmas "a base de miedo". Un miedo que comparten con los toxicómanos. "Los chavales tienen miedo de ir a Canaletes, algunos incluso hablan de dejar el tratamiento", explica. "Yo al CASD voy a ver a mi doctora y no a meterme en líos, he visto más broncas en el Inem que en el CASD", añade.

José ha asistido a todas las reuniones con los vecinos, pero no ha abierto la boca porque, explica, "cuando oía que no querían a estos mierdas, me aceleraba". "¿Desvinculado de la familia?", se pregunta. "Si estoy vivo es gracias a mi padre, que siempre ha estado a mi lado", responde. José hubiera preferido que nadie se enterara de que iban a abrir un CASD: "Ahora, si sucede algo, robos, tirones de bolso o cualquier tipo de delito, seguro que nos van a echar la culpa a nosotros". "Como enfermos, tenemos derecho a recibir tratamiento, ¿o no?", interroga.

Olga Chapinal es la directora del CASD de Sabadell, abierto en 1980, que en la actualidad atiende a la población de 14 municipios, lo que se traduce en 400.000 habitantes. "Hemos llegado a una limitación casi física, y además se trata de acercar el tratamiento a la población", argumenta. El objetivo era que los drogodependientes de Cerdanyola y Ripollet fueran atendidos en Caneletes y que también se les dispensara metadona. Sin embargo, la oposición de los vecinos ha hecho cambiar los planes. En Cerdanyola tan sólo se atenderá a los vecinos de esta población y no se dispensará metadona. En Sabadell, el CASD está al lado de un colegio, pero, salvadas las primeras reticencias, Chapinal afirma que no hay conflictos. Y es que los enfermos que acuden al CASD, según Chapinal, "en su mayoría tienen el apoyo de sus familias y están estabilizados".

No hay un estereotipo de usuario. Según Chapinal, van mujeres y hombres de todas las edades, gente que cae en las drogas "porque se siente sola, porque ha pasado por una situación familiar dura o por problemas laborales". En la actualidad en Sabadell se atiende a unos 1.600 usuarios, de los que el 30% pertenecen a las poblaciones de Ripollet y Cerdanyola.