Mecenas a la fuerza

El abogado Joaquín Moeckel, impulsor de la idea de solicitar donaciones ciudadanas para rehabilitar la iglesia de El Salvador de Sevilla, aseguraba esta semana que le paran por la calle para entregarle cheques o dinero en efectivo; la consejera de Cultura, Carmen Calvo, afirma, por su parte, que ella recibe casi a diario quejas de andaluces no creyentes que le recriminan las inversiones de la Junta en el patrimonio de la Iglesia católica.

Actitudes contrapuestas propias de un Estado aconfesional, pero que en Sevilla, tras la decisión del Arzobispado de cerrar indefinidamente el templo por su mal estado, han generado en las últimas semanas una fuerte confrontación política.

La comisión de Cultura del Parlamento andaluz debate hoy las proposiciones no de ley presentadas por todos los grupos sobre la rehabilitación del Salvador. A poco más de dos meses de una cita electoral, el Ayuntamiento (PSOE y PA), la Junta y el Gobierno no dudan en comprometerse con la financiación de las obras del segundo templo más importante de la capital, pero dejando claro que lo hacen por "voluntad política".

La Iglesia de El Salvador es monumento histórico-artístico nacional y Bien de Interés Cultural. Por lo tanto, está sometido a la Ley estatal de Patrimonio, de 1985, y a la Ley de Patrimonio Histórico de la Junta, de 1991. En ambas se advierte de que la responsabilidad de conservar un bien es de su propietario, en el caso del Salvador, la Iglesia católica. "Los propietarios, titulares de derecho o simples poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguardia de sus valores", recoge el artículo 15 de la norma regional.

El precepto de costear la rehabilitación afecta, por lo tanto, exclusivamente a la Iglesia, pero las administraciones se reconocen a sí mismas cierta "obligación moral" para implicarse en el proyecto. Entre otras razones, y al margen del valor monumental del templo, porque El Salvador y su entorno son un importante foco de atracción turística. Pero la consejera de Cultura, Carmen Calvo, asegura que en el caso de Andalucía es la Junta, "en el 90% de los casos", la que se hace cargo de la ayuda al patrimonio eclesiástico. "Hasta tal punto de que la gente ya mira a la Consejería cuando pasa algo", subraya.

Calvo se queja del escaso apoyo del Gobierno central al patrimonio histórico andaluz. En Sevilla, asegura, el Ministerio de Cultura sólo ha financiado en los últimos siete años las obras del Archivo de Indias y de la biblioteca pública. "Dos bienes que son suyos", dice Calvo.

El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, garantizó ayer en Sevilla el apoyo del Gobierno a la restauración del templo e incluso recalcó que "existen posibilidades" de que el Ejecutivo financie los tres millones de euros que cuesta la consolidación de la estructura del templo y que supone la mitad del valor total de la obra. Desde el Ministerio de Cultura, por su parte, no se cuantifica la aportación. "Lo normal es que se concedan ayudas", afirma una fuente de la Secretaría de Estado de Cultura. "Pero no hay obligación. Al ser un monumento nacional el Ministerio vela por su protección, pero tampoco está obligado", afirma esta fuente.

Con obligación o sin ella, en el caso del Salvador parece que todas las administraciones están dispuestas a colaborar. En algunos círculos de la ciudad se advierte de que el Arzobispado se puede considerar afortunado por haber tomado la decisión de cerrar el templo a dos meses de las elecciones.