Elorza expropiará el edificio de Tabacalera si fracasa el acuerdo

El alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, no va a quedarse de brazos cruzados hasta ver si prosperan o no las negociaciones en curso con Altadis, sucesora de Tabacalera, para hacerse con el suelo y el edificio que albergará el Centro Internacional de Cultura Contemporánea. El primer edil anunció ayer que planteará una modificación del Plan General para cambiar el uso del inmueble de industrial a cultural público. De esta forma, si no se llegase a un acuerdo, estará todo preparado para la expropiación.

Elorza está abonando el terreno para no verse con las manos vacías si fracasa la negociación con Altadis para fijar las compensaciones por recuperar el edificio de Tabacalera. El primer edil no está dispuesto a que se retrase la creación del Centro Internacional de Cultura Contemporánea, para el que el consistorio, la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno vasco ya han consignado 18 millones de euros a partes iguales.

Con la base de un informe del secretario municipal, el consistorio pondrá en marcha una modificación puntual del Plan General para cambiar el uso del edificio de industrial a cultural de carácter público. "De esta forma, el Ayuntamiento tendría la posibilidad de abrir un expediente expropiatorio", precisó Elorza. Se establecería "un justiprecio" y se instaría luego al Gobierno vasco a declarar la ocupación inmediata del edificio. El proceso no podría paralizarse judicialmente, sostuvo.

En todo caso, Elorza precisará el respaldo de otros partidos para adoptar la medida. Está convencido de que lo logrará, pero lo único seguro es que cuenta con el apoyo del Ejecutivo y la Diputación, expresado ya en una reunión celebrada la semana pasada.

Apoyo de Sudupe

Ayer mismo, el diputado general y candidato a la alcaldía, Román Sudupe, se ratificaba en su postura. Si no fuera posible el acuerdo, dijo, y "dado que el destino" del edificio "es de interés general, habría que avanzar por la vía de la expropiación forzosa formalizando los trámites que sea preciso".

Sudupe salió en defensa del proyecto tras conocerse que Altadis planteó en febrero una reclamación, previa a la vía judicial civil, para exigir que se le reconozca como único propietario del edificio. Éste es el punto de la discordia y la clave de la negociación. La empresa sostiene que es la dueña exclusiva de la finca, frente a la interpretación municipal.

El Ayuntamiento cedió los terrenos y participó en un 50% en la construcción del edificio; una vez cesada la actividad industrial, reclama sus derechos. En la reunión que mantuvieron ambas partes el 30 de diciembre de 2002, quedó patente la dificultad de un acuerdo. El consistorio ofrecía una compensación de entre seis y siete millones de euros, mientras la empresa pedía al menos 24 millones. La negociación, en todo caso, sigue.