La sombra de la Corte Penal se cierne sobre el agresor

La legalidad o no de la intervención en Irak fue uno de los puntos de discusión en el debate parlamentario de ayer. El primer ministro Tony Blair defendió la legalidad de esa intervención a partir del dictamen elaborado por el fiscal general del reino, lord Goldsmith. El jurista, asesor del Gobierno, sostiene que la intervención es legal por el efecto combinado de las resoluciones 678, 687 y 1.441 del Consejo de Seguridad. Las primeras, con más de un decenio, habrían sido reactivadas por la resolución de noviembre.

El dictamen de lord Goldsmith choca con la opinión de numerosísimos juristas independientes en los que se apoyaron ayer los laboristas rebeldes y los liberales al sostener que la intervención será ilegal si no cuenta con una nueva resolución.

El debate no sólo tiene matices académicos o consecuencias políticas: llevado al extremo podría permitir el procesamiento por el Tribunal Penal Internacional a Tony Blair, al español José María Aznar o cualquier otro responsable político de los países que han acordado su pertenencia al mismo.

Las dudas sobre la legalidad de la guerra no son ajenas a la decisión de los tres de las Azores de no poner a votación una segunda resolución en el Consejo de Seguridad: si hubiera sido derrotada de manera oficial, como todo apuntaba, los argumentos de lord Goldsmith en defensa de un efecto combinado de las resoluciones 678, 687 y 1.441 se habría evaporado.

Si el procesamiento de Blair y Aznar parece muy poco probable, el de George W. Bush en el Tribunal Penal Internacional es imposible. Una de las primeras decisiones tomadas por éste al llegar a la presidencia fue desvincularse de la institución si no obtenía la garantía de que ningún ciudadano de su país estaría sometido a su legalidad.