El fiscal pide seis años de cárcel para el alcalde de Sitges por delito ecológico

Seis años de cárcel, cinco de inhabilitación y multa de 72.000 euros. Ésa es la pena que solicita el ministerio fiscal para el alcalde de Sitges, Pere Junyent Dolcet (CiU), y para el ex teniente de alcalde de Urbanismo de ese Ayuntamiento Lluís Marcé, de una coalición independiente, por un presunto delito ecológico cometido al permitir durante años el funcionamiento ilegal de un vertedero de residuos sólidos. El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio considera que se trata de una "escandalosa y flagrante ilegalidad administrativa" y que los dos cargos públicos conculcaron "todas las medidas de seguridad previstas en la normativa medioambiental vigente". Por ese motivo, exige que ambos acusados depositen una fianza de 300.506 euros para reparar el mal causado, un acuerdo que ya ha sido adoptado por la comisión de gobierno del consistorio.

El caso fue denunciado en mayo de 1999 por el grupo municipal de Iniciativa per Catalunya ante el fiscal de medio ambiente, quien se querelló contra ambos cargos públicos. El Juzgado de Instrucción número 1 de Vilanova i la Geltrú investigó los hechos y en las próximas semanas se fijará la fecha del juicio en la la Audiencia de Barcelona.

Según la fiscalía, el vertedero ha venido funcionando de manera ilegal desde 1973, cuando se instaló en la finca Can Marcé, en pleno parque natural del Garraf.En 1993 el Ayuntamiento contrató a la empresa Serveis del Garraf, SL, para el servicio de recogida de basuras y su transporte hasta esa zona. Junyent y Marcé accedieron a sus cargos tras las elecciones municipales de 1995 y, según la fiscalía, siguieron permitiendo que el vertedero funcionase en la más absoluta ilegalidad, sin autorización de la Generalitat, sin ninguna medida de control y con un "gravísimo riesgo" de incendio forestal porque las basuras se encontraban muy cerca de la zona boscosa. Sólo entre 1989 y 1992 los agentes rurales de la Generalitat presentaron 21 denuncias por los hechos.

Promesa incumplida

Pese a ello, sigue explicando el fiscal, Pere Junyent prorrogó en 1996 el contrato de recogida de basuras y su transporte hasta ese vertedero. Al año siguiente se comprometió con la Diputación de Barcelona a clausurarlo, pero no lo hizo, por lo que volvió a ser denunciado otra vez por los agentes rurales y la propia corporación provincialal. Un año después de la denuncia de IC, el vertedero dejó de funcionar.

Ferran Grasas, abogado del alcalde de Sitges, considera que no existe delito porque el vertedero se clausuró en 2000. En su opinión, la tesis de la fiscalía está repleta de "imprecisiones e inexactitudes". Asimismo recordó que Junyent y Marcé también fueron juzgados y absueltos hace meses por la Audiencia de Barcelona por otro supuesto delito ecológico.

Por su parte, el concejal de ICV Gabriel Serrano reclamó que, "para darle credibilidad a la política", Junyent y Marcé no vuelvan a encabezar las candidaturas de CiU y de la independiente Nous Horitzons, respectivamente, en las próximas elecciones municipales.