La pata coja de la Seguridad Social

Los partidos y los sindicatos coinciden en que la atención a los 2,4 millones de personas dependientes supone una carencia del Estado del Bienestar y defienden que los servicios sociales públicos tengan en el futuro un papel protagonista y no marginal, como ahora. Máxime cuando la mayor esperanza de vida hace que, progresivamente, se vivan más años, y los últimos, en muchos casos, con escasa calidad.

La puesta en marcha de un sistema de protección que subsane esa pata coja de la Seguridad Social va a ser una de las principales recomendaciones de los partidos en la renovación del Pacto de Toledo que quieren ultimar en junio, Y, en paralelo, el objetivo de una mesa de reflexión que han abierto el Ministerio de Trabajo, CC OO y la patronal CEOE, firmantes del pacto de pensiones de 2001. La UGT reclama una ley de dependencia, así como participar en ese debate. Su líder, Cándido Méndez, ha mostrado su disconformidad con que la discusión se produzca en la comisión de seguimiento del pacto de pensiones, que esta central no firmó, y exige otro ámbito de negociación.

El yacimiento de empleo de los servicios sociales puede crear 110.000 puestos de trabajo

Previsiblemente, también será uno de los núcleos, seguramente el más novedoso, de las próximas campañas electorales: las autonómicas, locales y generales, dado que es una competencia que deben compartir el Estado, las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Esos debates abiertos dilucidarán si la atención a la dependencia se configura como un nuevo derecho dentro de la Seguridad Social; si tiene carácter universal, más recursos asistenciales y el tipo de prestaciones. Asimismo deben resolver si la cobertura es responsabilidad de los poderes públicos y qué parcela se deja al sector privado.

El problema afecta a un colectivo significativo. La encuestas del Instituto Nacional de Estadística y el Imserso, junto a los estudios del profesor Gregorio Rodríguez Cabrero y del experto de CC OO Héctor Maravall, revelan que esa situación afecta a 2.414.971 personas, de las que entre 900.000 y 1.600.000 sufren una dependencia severa o total. Sólo 492.546 disponen de asistencia en residencias o atención domiciliaria de personal especializado, apenas el 21,7% del total de afectados. La oferta privada es mayoritaria sobre la pública, con una relación de 60% a 40%.

Paralelamente, "cerca de 1.700.000 personas atienden de manera informal a alguna persona dependiente, el 77% son familiares, y en torno a 700.000 cuidadores lo hacen dedicando a esta tarea más de 40 horas semanales", según Héctor Maravall. Quienes disponen de medios económicos, recurren a empleados, con una presencia cada vez más notable de inmigrantes latinoamericanas. Es decir, la insuficiencia de servicios sociales provoca que esas tareas recaigan en la familia, fundamentalmente en las mujeres.

Un hándicap más para la incorporación al mercado laboral de las mujeres. Otras han contribuido al aumento del empleo femenino (ver gráfico) a costa de asumir una doble dedicación (su empresa y la atención al familiar), tal como denuncia la doctora Elena Arnedo. Aunque no existen estudios sobre las enfermedades de las cuidadoras informales, testimonios que ha recogido muestran que ese colectivo se está convirtiendo en "grupo de riesgo", con estrés y otros problemas físicos y psíquicos.

En la campaña como miembro de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, los compromisos de Arnedo se dirigirán a los problemas de las mujeres. Asimismo defenderá "la generalización de los servicios sociales, con un incremento de ayudas a personas dependientes, sean ancianos, niño o crónicos, porque eso forma parte del Estado del Bienestar".

Este sector es, además, un yacimiento de empleo. CC OO estima que se pueden crear 110.000 puestos directos en estos servicios sociales, lo que supondría un ahorro en prestaciones de paro y más ingresos en cuotas e impuestos. Y, al tiempo, la atención profesionalizada permitirá acceder al mercado laboral a una parte de los familiares que ahora asumen esa tarea.

El PP ha hecho estimaciones del coste de la protección a la dependencia. El presidente de la comisión del Pacto de Toledo, Jesús Merino, estima que para "las 500.000 personas que tienen un alto nivel de dependencia tendría un coste anual de 1.800 millones de euros". El cómo se financiará ese gasto será uno de los debates más espinosos. La opción más previsible es que los fondos provengan por una vía fiscal, compartida con cotizaciones, más la aportación de las comunidades autónomas.

El responsable de política institucional y negociador de CC OO, Salvador Bangueses, asegura que su sindicato ha dejado claro que esa protección social para las personas dependientes "no va a ir por la vía del aseguramiento privado". La UGT comparte ese criterio. En todo caso, la enseñanza puede ser un modelo equiparable al que se adopte con la dependencia. Se trata de un derecho garantizado por el Estado a todos los ciudadanos, pero también es notable la presencia del sector privado para los ciudadanos que pueden pagarlo. La patronal CEOE defenderá que se abra la participación de empresas.

Las constructoras ya tienen un papel importante en la promoción y gestión de residencias, y también puede haber campo para las aseguradoras. El seguro privado de dependencia tiene algunas limitaciones, excluye a las personas con minusvalías de nacimiento, y se refiere a un riesgo difícil de prever, lo que no ocurre frente a la certeza a la hora de suscribir los de muerte o enfermedad. Los expertos estiman que será una alternativa para los sectores de población con más recursos económicos.

Esa nueva figura de la dependencia puede contar en un futuro no muy lejano con una ley marco que garantice igualdad de derechos en todo el territorio, aunque luego la gestión corresponda a las comunidades y los ayuntamientos, que tienen transferidas las competencias de los servicios sociales.

El compromiso de los partidos firmantes del Pacto de Toledo es renovarlo, al margen de discrepancias puntuales, y tener el documento con las nuevas recomendaciones a finales de este periodo de sesiones, que concluye en junio. Los representantes del PSOE y el PP en esa comisión, los diputados José Antonio Griñán y Tomás Burgos, coinciden en que el tema de la dependencia es "clave en esas conclusiones" y un reto para el futuro, que no admite dilaciones, porque "España en el año 2050 va a ser el país más longevo del mundo".

El diputado de IU Antero Ruiz sostiene que la dependencia tiene que ser "una prestación cubierta desde la Seguridad Social". Será, a su juicio, una forma de corregir los déficit que existen: "España sigue siendo el país de la UE que menos gasta en protección social. Mientras el gasto medio de la UE por habitante y año es de 5.600 euros, aquí es de 2.700 euros".

Los modelos vigentes en los países de la UE tienen distintas estructuras de protección. Se han aprobado, o están en curso de aprobación, medidas de reconocimiento del derecho a la dependencia en Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo y los Estados nórdicos. Los sistemas que llegan a todo el colectivo afectado, con carácter de derecho universal, son los de Alemania, que ha regulado la atención a los dependientes; los países nórdicos, que disponen de servicios sociales muy desarrollados; Holanda, en similar situación; y Luxemburgo, que tiene una prestación especial de dependencia.

El Reino Unido dispone de un programa de atención a los mayores, con una prestación de cuidados de larga duración que es similar a la dependencia. En el caso de Francia, se trata de una ayuda económica destinada a esas personas y a la atención que requieren.