Se veía venir

Desde el momento en que el Obispo de Córdoba hizo pública su carta pastoral sobre la conducta del sacerdote Miguel Castillejo como presidente del Consejo de Administración de Cajasur, a raíz de la suscripción por la entidad de una póliza a favor del mencionado sacerdote y sus hermanas, se veía venir que acabaríamos enterándonos de lo que hemos empezado a enterarnos esta semana y de lo que nos acabaremos enterando en las próximas, porque la investigación no ha hecho más que empezar. Cuando un Obispo llega hasta el extremo de hacer pública una censura tan fuerte respecto de un sacerdote que ocupa un lugar tan relevante en una institución de tanta importancia para la Iglesia, es que dispone de indicios muy sólidos de que la conducta de dicho sacerdote puede acabar afectando muy seriamente a la imagen de la propia Iglesia y se considera, en consecuencia, en la obligación de hacer un llamamiento a la opinión pública en general y a la católica en particular, a fin de que no se pueda considerar a la Iglesia en cuanto tal cómplice de la conducta de dicho sacerdote. Éste era uno de esos casos claros en el que el que calla no es que no diga nada, sino que otorga.

Obviamente, la carta pastoral del Obispo de Córdoba tenía una lectura para los miembros de la comunidad católica y otra distinta para los que no lo son. Pero para ambos decía dos cosas de extraordinaria relevancia:

1. Que no nos encontrábamos ante un conflicto entre la Iglesia y la Comunidad Autónoma, ya que, en modo alguno, se podía considerar que hubiera una persecución por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía respecto de Cajasur. De esta manera, el argumento de Miguel Castillejo de que con su conducta estaba intentando proteger a la Iglesia frente a una agresión política externa se venía abajo.

2. Que la única operación política que en todo este asunto podía detectarse era la que hubieran podido poner en marcha el sacerdote Miguel Castillejo y los dirigentes del PP en Andalucía, que al Obispo le resultaba absolutamente inexplicable. La politización del problema no venía del Gobierno andaluz, sino de la connivencia del presidente de Cajasur con la dirección política regional del PP.

Una vez puestas las cartas boca arriba por el Obispo, era cuestión de tiempo el que nos acabáramos enterando de todas las miserias acumuladas en la gestión de Cajasur durante el mandato de Miguel Castillejo. La póliza a favor del presidente de Cajasur y sus hermanas no es un acto aislado, sino el último de una serie de actos jurídica y éticamente incalificables.

Ahora empezamos a entender el porqué de la resistencia de Cajasur a ser investigada y, sobre todo, el porqué de intentar sustraerse al control de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y pasar a depender del Ministerio de Economía y Hacienda. Miguel Castillejo estaba buscando un paraguas político, que le protegiera del aguacero que se le venía encima y que él sí sabía muy bien en qué consistía. No era a la Iglesia ni a Cajasur a las que estaba intentando proteger, sino a sí mismo y a quienes habían colaborado directamente con él en la gestión de la entidad.

Lo que no se acaba de entender muy bien es que un partido que debería tener vocación de gobierno en Andalucía, como es el PP, se haya prestado a dar un aval a Miguel Castillejo en esta operación. ¿Cómo es posible que un partido como el PP se haya vinculado de esta manera a una operación que tiene todo el aire de ser una operación turbia? ¿Cómo es posible que lo haya hecho después de una denuncia pública como la que hizo el Obispo de Córdoba? ¿Cómo es posible que se haya introducido por la vía de enmienda a la Ley Financiera una disposición que únicamente tiene sentido para beneficiar a Miguel Castillejo? ¿Cómo es posible que la mayoría parlamentaria del PP en las Cortes Generales subordine nada menos que la voluntad general, que es la ley, a la voluntad particular de un sacerdote, cuya conducta no es avalada ni por su propio Obispo?

Conductas como ésta son las que ponen de manifiesto que el PP pierde el Norte cuando de Andalucía se trata. Es incomprensible que un partido no sólo se vincule a una conducta política, jurídica y éticamente injustificable, como fue la suscripción de la póliza a favor del presidente de Cajasur, sino que, además, intente cubrir con un manto toda la gestión de dicho presidente y que intente llevarse de Andalucía el control de una caja de ahorros nacida y con su actividad casi íntegramente en nuestra comunidad autónoma. El PP andaluz tenía que haber sido el primer interesado en solicitar la comparecencia del presidente de Cajasur y de todos los presidentes de todas las Cajas de Ahorro de Andalucía, si así se estimaba pertinente, ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, a fin de que se hubiera aclarado todo lo que hubiera de aclararse. Y tenía que haberse opuesto a la "estatalización" de la caja de ahorros cordobesa. No se puede tener credibilidad como partido de gobierno de Andalucía con conductas como éstas.

Y más todavía cuando existen denuncias públicas y solventes de connivencia entre el presidente de Cajasur y dirigentes del PP. Toda la conducta del PP en este asunto no hace más que dar credibilidad a dichas denuncias. Y los dirigentes del PP deberían de saber que la presunción de inocencia es una garantía para los acusados en un proceso penal, pero que dicha presunción no es extensible a la acción política. Los dirigentes de un partido político, más si es un partido con vocación de gobierno, no sólo tienen que ser honrados sino además parecerlo. Aquí no hay presunción que valga.