Las cadenas privadas reclaman al Gobierno la nueva ley audiovisual

La nueva ley audiovisual, que el Gobierno tenía previsto presentar a principios de año, sigue congelada. A las discrepancias entre los ministerios de Economía y Ciencia y Tecnología se unen las dificultades para alcanzar un pacto con las fuerzas de la oposición. Ante este frenazo, que amenaza con impedir su tramitación durante esta legislatura, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) reclamó ayer la urgente necesidad de que "el anteproyecto de ley prometido" vea la luz.

La entidad, que agrupa a Antena 3, Tele 5 y Canal +, se inclina por implantar un sistema televisivo "viable, estable y duradero", avalado por el consenso con todas las fuerzas parlamentarias. La nueva ley incluiría las normas básicas para que pueda desarrollarse la televisión digital terrestre "sin fracasos, conflictos ni tardanzas", ya que el Ejecutivo se propone adelantar el llamado apagón analógico (previsto inicialmente para 2012) a esta década. El texto legislativo está llamado a recopilar la "maraña de normas" que actualmente regulan las diferentes modalidades de televisión: emisoras públicas, privadas, autonómicas, locales, por cable o satélite.

Propone UTECA que la televisión privada deje de ser considerada un servicio público esencial y pase a ser una actividad que se preste en régimen de competencia, un cambio hacia el cual el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, se ha declarado favorable públicamente.

Menos flexible se ha mostrado Piqué respecto a la posibilidad de permitir las participaciones cruzadas en varias cadenas de televisión. UTECA rechaza de plano la prohibición del Gobierno de que un mismo accionista esté presente simultáneamente en un canal de televisión de cobertura nacional y en emisoras de ámbito autonómico o local. Esta restricción se incorporó a última hora, y sin debate previo, en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de este año.

Estatuto público

También abogan los canales comerciales por regular las emisoras públicas a través de un estatuto que determine aspectos como la programación, la publicidad e incluso el nombramiento del director general de RTVE. Este cargo debería ofrecer "garantías plenas de independencia", según se recoge en el anteproyecto de ley general de televisión remitido por UTECA al Ministerio de Ciencia y Tecnología el pasado 15 de mayo.

En ese texto se establece la creación de una autoridad independiente y neutral, un consejo audiovisual autónomo destinado a salvaguardar la competencia y con capacidad sancionadora.

La financiación de las televisiones públicas exige, según la asociación de operadores privados, una limitación drástica de su acceso al mercado publicitario. Entre las nuevas fórmulas de financiación, además de las subvenciones estatales y la comercialización y venta de productos, UTECA acepta la posibilidad de implantar un canon para la televisión digital terrestre pública, similar al que existe para las emisiones analógicas en prácticamente todos los países europeos.