Las comunidades gobernadas por el PSOE ven "imposible" desarrollar la Ley de Calidad en dos años

A partir del próximo curso escolar, las comunidades autónomas deberán hacer gratuita la educación infantil en los centros privados concertados y modificar los sistemas de evaluación para que los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) repitan curso con más de dos materias suspensas. Así lo recogen los reales decretos de desarrollo de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) presentados por el Gobierno. Las comunidades socialistas consideran que el calendario de desarrollo de esta ley que quiere establecer el Gobierno es "imposible de aplicar" y exigieron ayer a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que el plazo de desarrollo se amplíe de los dos años previstos a cinco y que esta cuestión no se establezca por medio de una norma básica. Dan dos razones.

Por un lado, el Gobierno aún no ha dicho con qué financiación contará esta ley, con lo que la comunidades tendrían que financiar completamente la gratuidad de la educación infantil el próximo curso en todos los centros privados concertados de su región. Y, por otro lado, las comunidades aseguran que antes de septiembre no les da tiempo a hacer ninguna norma de desarrollo de la LOCE, a consensuarla y a aplicarla.

Los consejeros de diversas comunidades se reunieron ayer con el Gobierno, en la Conferencia Sectorial de Educación, por primera vez desde que se aprobó la Ley de Calidad el 13 de enero pasado. Sobre la petición de las comunidades socialistas, Del Castillo dijo que el Gobierno tiene una disposición favorable a ampliar un año el plazo para la implantación de la gratuidad en la educación infantil, informa Servimedia.

La consejera de Educación de Andalucía Cándida Méndez explicó que la situación va mucho más lejos: "No podemos empezar a aplicar los cambios en septiembre cuando, por ejemplo, la normativa de comienzo de curso ya está en los centros educativos. No nos da tiempo a cambiar el sistema de evaluación para incorporar las modificaciones en las repeticiones de curso y, además, aún no conocemos la financiación. Están cometiendo un grave error político".

Sobre la obligación de desarrollar la ley en dos años, Méndez señala: "Es imposible, tanto desde el punto de visto administrativo como técnico. Queremos además hacer las normas autonómicas de forma consensuada y no como ha hecho esta ley el Gobierno". "Pero todo lo que nos ha dicho la ministra es que se lo mandemos por escrito", añade.