El PSPV pide la reversión de Girsa y Egevasa y la Diputación tratará de evitarlo en el Supremo
La Corporación debería devolver los 15,96 millones de euros que ingresó por la privatización
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El Tribunal Superior de Justicia ha puesto patas arriba la política de privatizaciones del PP con el fallo que anula la venta del 49% de Girsa y Egevasa, sociedades públicas de la Diputación de Valencia. El PSPV, que recurrió en 1998 el proceso, anunció ayer que pedirá la ejecución de la sentencia, con lo que las dos sociedades revertirán al 100% a la Corporación, que deberá devolver los 15,96 millones de euros pagados por los socios privados. La Diputación, gobernada por el PP, defendió ayer el concurso anulado por el TSJ porque buscaba "un socio eficaz, no rico".
Un día después de conocerse la anulación de la privatización de las empresas de residuos y agua de la Diputación de Valencia, Girsa (Gestión Integral de Residuos, SA) y Egevasa (Empresa General Valenciana del Agua, SA), PP y PSPV anunciaron nuevas acciones legales. El responsable de Empresas de la Diputación, Eugenio Pérez, del PP, declaró ayer que respeta la sentencia judicial del TSJ, que invalida el proceso porque se hizo por concurso y no por subasta, pero añadió que en 10 días presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo porque "no compartimos los criterios ni la fundamentación del fallo". Según Pérez, la Diputación, entonces presidida por Manuel Tarancón, "no buscaba un beneficio [con la privatización de Girsa y Egevasa] sino la mejor prestación a los ciudadanos de un servicio público". El TSJ, que asegura en la sentencia que el patrimonio público debe enajenarse por subasta para conseguir el mejor precio y garantizar la buena administración de los bienes públicos, agrega que el sistema de subasta no es incompatible con el requisito de solvencia técnica. La Diputación adjuntará al recurso jurisprudencia del Supremo que, según Pérez, avala la privatización de 1998.
El PSPV dará un paso más y, de acuerdo al anuncio del secretario de Administraciones Públicas, Antoni Such, solicitará la ejecución de la sentencia. José Enrique Aguar, portavoz socialista en la Corporación, añadió que presentarán una moción en un pleno extraordinario instando al equipo de gobierno, presidido por Fernando Giner, que devuelva a las dos empresas a su estado original. "Están vendiendo el patrimonio público porque no tienen fondos", agregó Aguar. Deshacer el proceso significaría que la Diputación devolviera los 15,69 millones de euros -4,73 de Girsa y 10,96 de Egevasa- que ingresó de la venta del 49% de Girsa y Egevasa a FCC y Vainmosa Cartera, respectivamente. Los juzgados decidirían si además se debe indemnizar a las empresas ganadoras del concurso. Según Such, el PSPV no tiene interés en "perjudicar a las empresas", pero si los socialistas ganan las elecciones del 25-M retirarán el recurso de casación que presente el PP y convertirá Girsa y Egevasa en sociedades 100% propiedad de la Diputación. "A partir de ahí se verá lo que se hace", añadió Such.
No es la primera vez que los tribunales desautorizan la política del PP en materia de empresas públicas. La Diputación ya tuvo que abonar 160 millones de pesetas de indemnización a una empresa porque adjudicó incorrectamente la concesión del coso taurino, de su propiedad, a otra empresa. "El Gobierno del PP nos tendrá enfrente si privatiza RTVV", advirtió el responsable socialista.
El PSPV presentó otro recurso en 2001 contra la decisión del Ayuntamiento de Valencia, de incluir en la concesión del servicio de Valencia el agua en alta, al considerar que era de disfrute de toda el área metropolitana. Los socialistas recurrieron también la ley de creación del ente metropolitano, que sustituyó al disuelto Consell Metropolitá de L'Horta, donde el PP tiene la mayoría.
Las consecuencias de la sentencia sobre Vainmosa -propietaria del 49% de Egevasa- y sobre Aguas de Valencia, grupo que la absorbió poco después y al que el PP encomendó la adjudicación del contrato de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Valencia "es difícil de calibrar", según coincidieron ayer fuentes jurídicas consultadas por este diario.
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