El ex edil de Torremolinos ratifica la supuesta financiación irregular del PP
Vista para sentencia la demanda del alcalde contra su ex concejal
El ex edil del PP de Torremolinos, José Ávila, mantuvo ayer sus acusaciones sobre la presunta financiación irregular del partido, aunque negó que él cobrara las comisiones, un matiz que contradice la denuncia pública en la que se definió como "testaferro" de la formación. Ávila hizo esta declaración en el juicio por la demanda por injurias que le puso el alcalde, Pedro Fernández, y que quedó vista para sentencia.
El ex concejal declaró ante el juez que "nunca" cogió dinero, sino que se limitó a transmitir a algunas empresas que "pasaran por alcaldía o por el partido porque estábamos en elecciones [las de 1999] y había que colaborar". Ávila negó que existiera extorsión o chantaje, pero se definió como "el cordón umbilical" entre el alcalde y las sociedades a las que "tenía que pedir donaciones o regalos". Entre esas empresas citó a Aquagest, Cemsa y Recotesur. Entre las "colaboraciones" que salieron a relucir en la vista el ex edil citó desde caramelos para la cabalgata, tres sillones para el auditorio y un talón de 4.507 euros, hasta un monumento de 168.000 euros donado por Aquagest.
Ávila fue confuso en su declaración y en varias ocasiones -a preguntas del letrado del alcalde- no pudo concretar las acusaciones que vertió en una televisión local y que motivaron la demanda civil de Fernández contra su ex concejal.
El ex edil reiteró también su acusación de que el alcalde le ordenó la destrucción de facturas de la empresa municipal Samset, de la que era consejero delegado en la época en la que se cometieron esas irregularidades, por más de 2.400.00 euros para que el Ayuntamiento se las ahorrase. Esas facturas -que Ávila no destruyó sino que aportó a la Fiscalía Anticorrupción y que dieron lugar a una causa penal en otro juzgado- correspondían a trabajos hechos por Samset en el auditorio y el centro de salud.
Ávila tuvo esos documentos a mediados de 2001 pero no los entregó en Anticorrupción hasta un año y medio después. El ex edil negó que esta tardanza sea una maniobra política porque ahora ha creado un partido local, con el que se presenta a las elecciones.
El alcalde negó que se cobraran comisiones para el PP o que ordenara destruir facturas. Además, insistió que Ávila -expulsado del partido- era el consejero delegado y el responsable de cualquier irregularidad. La ex concejal popular Marta Huete declaró como testigo y ratificó que las cuentas de Samset se maquillaban. Al final, el demandante pidió una indemnización de 400.000 euros por vulneración del derecho al honor, que el fiscal rebajó a 18.000. El juicio quedó visto para sentencia, pero supeditado al fallo del juzgado penal.
