La ayuda a las víctimas retrasa el pacto contra la violencia doméstica

El establecimiento de un "sistema de protección económica inmediata" para las víctimas de la violencia doméstica se ha convertido en el último escollo que afronta la subcomisión del Congreso encargada de proponer actuaciones contra esa lacra. Las divergencias sobre esta ayuda retrasan de momento la aprobación de las conclusiones que inspirarán una proposición no de ley para mejorar la lucha contra la violencia doméstica. IU pide que las personas sin recursos maltratadas por su pareja reciban una ayuda de emergencia de 600 euros mensuales durante un año.

El PSOE e Izquierda Unida exigen que se establezca una prestación económica inmediata para las mujeres que denuncien malos tratos. "Es una medida imprescindible, pero el PP aún no ha dado respuesta a cómo resolver esta cuestión", afirmó ayer la diputada socialista Micaela Navarro. Tras la reunión de la subcomisión, celebrada ayer por la mañana, la representante de Izquierda Unida, Marisa Castro, señaló que existe un desacuerdo "sustancial" sobre esa iniciativa.

IU propone que la nueva orden judicial de protección a las mujeres maltratadas, que permitirá medidas cautelares y activará la ayuda social, incluya esta nueva prestación económica de urgencia para las víctimas que carezcan de ingresos. "Debería articularse a través de la renta activa de inserción", apunta Castro. Este subsidio permite ahora que las maltratadas reciban 300 euros al mes durante 10 meses. Quienes deban abandonar su domicilio tienen derecho a una ayuda suplementaria de 600 euros durante un trimestre. Sin embargo, con las reformas legislativas, será el agresor quien deba abandonar el hogar, que se adjudicará a la víctima.

IU propone que la ayuda económica de emergencia para las mujeres maltratadas sin recursos ascienda a 600 euros mensuales durante un año. Esta renta activa de inserción, que ayudaría a las víctimas a denunciar su situación, debería correr a cargo del Estado. "Si el PP quiere cerrar el acuerdo, tendrá que poner dinero encima de la mesa", dice Castro.

Según esta diputada de IU, el PP ha propuesto una fórmula económica "que no nos gusta". Este periódico intentó, sin éxito, conocer el planteamiento del Grupo Popular. En declaraciones a Efe, una de sus diputadas, María Jesús Sainz, afirmó que "se estudia buscar un instrumento que proteja mejor a las víctimas de la violencia doméstica". Añadió que, aunque ya existen mecanismos de protección económica (incluso a través de las autonomías), su grupo está dispuesto a analizar otras posibilidades, incluidas las rentas de emergencia que conceden los ayuntamientos.

Por otra parte, hoy se reúnen por primera vez los miembros de la subcomisión del Congreso que estudia medidas contra la violencia doméstica con representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía del Estado y el Ministerio de Justicia. El objeto de discusión será la protección jurídica a las maltratadas, una figura jurídica que permitirá a los jueces activar todos los mecanismos de ayuda para las víctimas de los malos tratos desde el momento en el que presentan la denuncia.