Los médicos que se oponen a Osabide argumentan que rompe la confidencialidad

Los dos médicos a los que Osakidetza ha inhabilitado por dos años por negarse a centralizar las historias clínicas en una gran base de datos común para toda Euskadi aseguran que ese sistema, conocido como Osabide, rompe con la confidencialidad que un profesional debe mantener hacia lo que le cuenta su paciente. Según Ángel Ruiz, uno de los sancionados, el hecho de que información sobre problemas de salud mental, laboral o sexual que los ciudadanos cuentan a su médico de cabecera figure en esa base de datos central puede perjudicar seriamente a los pacientes.

El doctor Ruiz explicó ayer durante una rueda de prensa que la información médica es "muy sensible" y concentrarla representa un peligro, dado el atractivo que suscitan las historias clínicas en diferentes ámbitos. Compañías de seguros, la industria farmacéutica, bancos o empresas son quienes más interés pueden tener en ellas. Ruiz puso un ejemplo del riesgo: "Si una empresa se entera secretamente de que uno de sus trabajadores tiene un problema de salud puede optar por rescindir su contrato, si se trata de un empleado temporal, con cualquier tipo de excusa".

Ruiz reconoció que Osakidetza es una empresa y como tal puede introducir el sistema de gestión que considere oportuno, pero puntualizó que por encima de todo está el derecho de los pacientes a saber lo que se hace con sus datos y dar su permiso para que se introduzcan en una base común y salgan de su centro de salud. "La directiva europea de Tratamiento de Datos indica que es necesario el consentimiento. Lo único que hice fue informar a los pacientes de lo que ocurría cuando Osabide se implantó en el centro donde trabajo", señaló.

Preservar el secreto

Comisiones Obreras se encarga de la defensa de Ruiz y de Paz Pérez Gortari, la otra doctora suspendida. Ambos dejaron de trabajar en el centro de salud de Sansomendi, en Vitoria, el pasado miércoles, día en que comenzó de manera efectiva la suspensión. El abogado de CC OO que se encarga del caso, Santiago Bustos, resaltó que Osabide resquebraja el derecho que tiene el paciente a mantener una relación de confidencialidad con su médico, a que se preserve su secreto. "Los doctores Ruiz y Pérez se han limitado a ejercer su derecho a la libertad de expresión", aseguró.

Ruiz y Pérez recordaron que, en un primer momento, mostraron su disconformidad a través de cauces internos y después optaron por colocar un cartel en las salas de espera de sus consultas, advirtiendo de la situación a los pacientes y trabajando con el sistema anterior a Osabide, el OMI-AP. Según Osakidetza, esta actitud generó "alarma social" y perjudicó a los pacientes y al resto de profesionales, por lo que sancionó con dos faltas graves a ambos médicos. Esta pena se ha traducido en la suspensión por dos años de empleo y sueldo a cada uno de ellos.

El secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, Iñaki Menéndez, anunció que el sindicato realizará una campaña a nivel de la comunidad y otra a nivel nacional en contra de la centralización de los historiales clínicos, para "alertar sobre el peligro del sistema".

En la rueda de prensa también comparecieron las portavoces de la Asociación Ciudadana de Defensa de la Salud (Acidesa), que abandera las protestas en la calle contra el programa Osabide. Merche Chabarri criticó que Osakidetza suspendiera a los dos médicos por limitarse a informar a sus pacientes. "La información que les hemos ido confiando [a los médicos], amparándonos en eso tan sagrado como es el secreto profesional, estaba siendo movida de nuestro centro de salud sin nuestro conocimiento ni consentimiento", se quejó. "Son muchos los problemas que hemos confiado a nuestros médicos, tanto físicos como dolencias del alma, con la confianza de que no saldrían nunca del centro de salud", añadió.

Los médicos sancionados han presentado un recurso de alzada contra Osakidetza, que dispone de tres meses para ratificarla o dar marcha atrás. En el caso de que la confirme, acudirán a la vía contencioso-administrativa para que los tribunales se pronuncien sobre el fondo de la cuestión: si hay que pedir permiso a los pacientes o no.