Los jueces abren el 'corralón' argentino

El nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina contra la pesificación de los depósitos en dólares de la pequeña provincia de San Luis dejó vencedores y vencidos. Entre los primeros, la gobernadora de San Luis, Alicia Lemme, y los 120.000 ahorradores que presentaron los recursos. Entre los vencidos, el Gobierno de Duhalde, los bancos y, en última instancia, el contribuyente.

Los mercados especulan con una emisión de deuda pública para socorrer a la banca y permitirle que haga frente a las reclamaciones

La mayoría de los expertos en leyes y economía se ha sumado a los festejos por la sentencia del miércoles. Consideran que reivindica el derecho a la propiedad, fundamental para que en el medio y largo plazo retorne la confianza del inversor en Argentina. Menos contentos con la sentencia están el Gobierno, que pesificó los ahorros en enero de 2002; la banca, que deberá devolver unos dólares que no tiene; y los contribuyentes, pues es muy probable que el Estado asuma el coste de la redolarización y emita títulos públicos para resarcir a los ahorradores.

En principio, el sistema financiero argentino, incluidos los bancos Francés (BBVA) y Río (SCH), no corre peligro. Pese a que los banqueros se muestran intranquilos sobre un futuro fallo de la Corte a favor de los ahorradores particulares, confían en la citada emisión de bonos. Los mercados apuestan por esta solución, aparentemente incruenta para las entidades financieras. Prueba de ello fue que el dólar bajó de 3,23 pesos a 3,21 el día en que se pronunció el tribunal. Si los bancos tuviesen que reintegrar los dólares depositados, con certeza precisarían del auxilio del banco central, que se vería obligado a emitir bonos, lo que provocaría una mayor depreciación del peso -que alcanza el 68,8% desde enero de 2002- y el riesgo de hiperinflación.

Otra señal positiva para los bancos, aunque no para los argentinos, fue la nueva depreciación de los bonos soberanos. La prima de riesgo de la deuda externa creció del 64,17% al 69,07% en una semana. Esta caída de los títulos representa la reacción de los mercados ante el previsible incremento del pasivo argentino (142.000 millones de dólares).

El Gobierno del radical De la Rúa instauró en diciembre de 2001 -veinte días antes de su caída- el corralito financiero, que consistía en la congelación de los ahorros por 90 días. Pero un mes y medio más tarde, Duhalde decidió prolongar el cerrojo hasta 2005 y pesificar los depósitos a plazo en dólares, el llamado corralón, ante la crisis del sistema financiero.

El ministro de Economía de aquel entonces, Jorge Remes Lenicov, ha declarado que ni en esos días ni ahora la banca cuenta con divisas suficientes para satisfacer la demanda de sus clientes. Cada dólar depositado se convirtió en 1,40 pesos ajustados por un índice de inflación minorista. Si un usuario tenía un dólar en un banco, ahora cuenta con 2,08 pesos, pese a que la moneda estadounidense cotiza a 3,21. Perdió el 35% de sus ahorros. De ahí que decenas de miles de ahorradores hayan abarrotado con demandas los de por sí atestados juzgados argentinos. Miles de denunciantes lograron retirar por la vía judicial unos 11.947 millones de pesos (3.721 millones de dólares) desde enero de 2002. Sin embargo, la mayoría espera que una decisión de la Corte en una causa iniciada por una ahorradora, Mirta Beratz, que puede agilizar el resto de los recursos.

El tribunal ha ido demorando su decisión sobre el corralón hasta que la semana pasada declaró inconstitucional la pesificación de los ahorros en dólares ante una demanda presentada por la provincia de San Luis contra el estatal Banco de la Nación Argentina. La provincia y la entidad deberán discutir en 60 días la manera y el plazo en que se devolverán 247 millones de dólares acorralados. Sí no hay acuerdo, la Corte intervendrá.

No hay redolarización

Los magistrados aclararon que su sentencia no implica la redolarización automática del ahorro congelado. Los depositantes particulares deberán aguardar el dictamen sobre el caso Beratz. No obstante, los juristas aseguran que la Corte ha sentado jurisprudencia en contra de la conversión a pesos. La duda radica en si el tribunal fallará antes o después de las elecciones presidenciales del 27 de abril. Si lo hace antes, el gobierno de transición de Duhalde deberá resolver. Si no, el asunto quedará pendiente para el próximo jefe de Estado.

Funcionarios y banqueros comentan que el fallo sobre el caso San Luis ha resultado mejor de lo que esperaban, pues no fija modo y plazo para la devolución del ahorro. Los bancos juran que les es imposible afrontar la reintegración inmediata y en efectivo del dinero. Los juristas entienden que la Corte ha establecido que los dólares se reintegren en metálico, pero ha dejado la puerta abierta para que, ante la situación de emergencia, el Gobierno pueda optar por la devolución de una parte en bonos.

En círculos financieros de Buenos Aires se especula con que, si el tribunal supremo termina disponiendo la redolarización de los depósitos, la solución será la siguiente: los clientes recibirán por cada dólar unos 2,08 pesos en efectivo de sus bancos y 1,13 pesos en títulos públicos en dólares. Vale decir que las entidades se harían cargo de 5.607 millones de dólares y el Estado, de 2.492 millones. Esta alternativa dejaría satisfecha a la mayoría de los bancos. Una veintena de ellos, entre los que no se cuentan las filiales de BBVA y SCH, ya han comenzado a devolver este año los ahorros por anticipado según la paridad de 2,08 pesos por dólar. El actual ministro de Economía, Roberto Lavagna, ha rechazado, sin embargo, la posibilidad de que el Estado dé bonos a los ciudadanos. Además, algunos juristas advierten de que esa solución puede ser ilegal.