El caos argumental del PP

Los sucesivos debates en el Congreso de los Diputados sobre la posición de José María Aznar respecto a la crisis de Irak se han ido desarrollando sin que el Gobierno pareciera dispuesto a desenredar sus enmarañados razonamientos ni aclarar las numerosas contradicciones que se le plantean continuamente.

Una y otra vez, los portavoces de la oposición, y muy especialmente los representantes del Partido Socialista Obrero Español y de Convergència y Unió, han intentado que, bien Aznar bien alguno de sus ministros introdujeran algo de orden y de precisión en su oratoria. Ignasi Guardans i Cambó, por ejemplo, se empleó a fondo reclamando un mínimo de claridad al Gobierno. Sin éxito.

El discurso del PP está instalado en un caos que sorprende a muchos de los observadores extranjeros que están acudiendo estos días a la tribuna pública del Congreso. "Creo que se trata de algo muy deliberado, pero aun así es difícil de seguir, muy incómodo", asegura un diplomático europeo.

La participación española en un ataque a Irak, por poco relevante que sea, puede implicar un grave problema de falta de legalidad si no tiene apoyo previo de la ONU

Intuiciones

"Somos todo lo precisos que podemos ser", admite un ex ministro del PP, "porque aún hay cosas que nosotros mismos no tenemos claras". Los distintos portavoces del PP huyen como de la peste de explicar cuál será la posición de España si el Consejo de Seguridad de la ONU no aprueba la segunda resolución autorizando una intervencion armada en Irak. La mayoría afirma que, simplemente, no lo sabe. Un pequeño grupo acepta que se mueven "con la intuición, y no con información" de que Aznar apoyará al presidente norteamericano, George W. Bush, en todo caso.

"Cualquier persona con sentido común sabe que políticamente necesitamos una nueva resolución que autorice más explícitamente el ataque para poder defender mejor nuestra posición y contrarrestar algo el gran desgaste que estamos sufriendo, y que, permítame que le diga, tendríamos que ser tontos, yo y medio Gobierno, para no reconocer. Confiamos en que todavía sea posible llegar a un texto negociado", asegura, algo irritado, un ministro que participa en los debates y que reconoce que la mayor parte de la negociación corre por cuenta del Reino Unido.

Niega, sin embargo, que Francia, Alemania y Rusia, pero sobre todo las dos primeras, demuestren sin disimulo su preferencia para debatir la situación internacional con el primer ministro británico, Tony Blair, y que procuren sortear a Aznar. ¿Es cierto que es el primer ministro británico quien después informa de lo discutido a su homólogo español? "En absoluto", protesta el ministro, "lo que sucede es que Blair está tan necesitado o más que nosotros de esa segunda resolución y por eso el Reino Unido despliega una enorme actividad diplomática, superior a la nuestra".

El desapego que experimentan Chirac y Schröder por el presidente del Gobierno español no es nuevo, pero es evidente que se ha acentuado en las últimas semanas. "El enfrentamiento se aprecia incluso en segundos niveles o entre funcionarios, algo muy poco visto por aquí", reconoce un funcionario español destinado en Bruselas. "Desagrado o no, eso no tiene importancia. En la Unión Europea todos nos sentamos en la misma mesa", replica un alto funcionario comunitario, también español.

Legalidad

A día de hoy está claro que el apoyo que ofrece el Gobierno español al presidente norteamericano, George W. Bush, no es sólo político y diplomático, sino que incluye también una participación activa, aunque sea poco relevante, en la guerra.

Y esa participación se enfrenta a un serio problema en el caso de que no alcance respaldo expreso del Consejo de Seguridad: la falta de legalidad. La posibilidad de que Aznar embarque a España en una guerra que además esté considerada en la mayoría de los foros internacionales como ilegal, o incluso en algunos medios europeos y árabes como "agresión", complica extraordinariamente la posición del PP.

Una cosa es una hiperpotencia como Estados Unidos, que defiende sus intereses con su formidable poder, y otra, un país como España, de capacidades intermedias. A España, para defender sus intereses siempre le ha convenido y siempre le convendrá, según la mayoría de los especialistas en Derecho Internacional, que exista una legalidad y que se respete. En ese sentido, cualquier acción del Gobierno español que pueda ser calificada de ilegal disminuiría el peso internacional del país.