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Columna
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Miseria

Un diputado del PP de Huelva lleva una iniciativa al Parlamento: pide al Gobierno andaluz la versión oficial de los delitos y atropellos contra la Constitución que se cometieron en un instituto de bachillerato de Moguer durante las fiestas del Día de Andalucía. El Departamento de Filosofía había extendido 300 metros de papel para que los estudiantes escribieran lo que en este belicoso momento se les antojara, y, al parecer, se escribieron tales cosas que un par de días más tarde, a las ocho de la mañana, hora verdaderamente detectivesca, la policía judicial se presentó en el instituto para investigar los hechos.

Según el diputado popular, habían insultado al presidente Aznar y a la Casa del Rey y habían atropellado la Constitución. Yo pregunto: ¿hasta qué punto llegaron las palabras para merecer una iniciativa parlamentaria? ¿Qué manchas cayeron sobre el Rey o los suyos? ¿Qué se dijo del estadista mundial Aznar? Pido excusas, voy a reproducirlo: "Aznar, maricón". "Aznar, criminal". Entre trescientas pintadas en trescientos metros, algún impertinente soltó dos exabruptos. El maleducado no atropelló la Constitución, desde luego, que ampara el derecho a la expresión libre y prohíbe la censura previa, pero quizá incurrió en un delito de injurias y tocó un derecho fundamental de Aznar, su derecho al honor.

No sé si maricón debe ser considerado un insulto. Puede ser una mentira, como el apelativo de criminal. Pero un juez de por aquí dictaminó que los insultos entre políticos no son precisamente injurias: los políticos se pueden llamar unos a otros ladrón, fascista, terrorista, cabrón e hijo de puta, por ejemplo. Así que, de acuerdo con la Constitución y su garantía de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, estamos autorizados a llamar a cualquier político como los políticos se llaman entre ellos en el acaloramiento del debate. En ese debate estamos todos. Ahora bien, ¿faltó algún estudiante de Huelva a la Constitución atacando a la Casa del Rey?

Imbuido por la imagen feliz del aún joven príncipe Felipe, un estudiante lo pintó enarbolando la bandera de la paz: entrañable visión medieval del príncipe heredero como paladín de la justicia. Otro estudiante, más airado y menos romántico, tachó al príncipe y escribió una frase rotunda: "No a la monarquía". ¿Cometió un delito? ¿Negar la monarquía no es un derecho implícitamente amparado por la Constitución? Por el instituto de Moguer pasan estos días unas alumnas de Estados Unidos: quizá el diputado del PP debería preguntarles cómo se ven en la gran república ultramarina semejantes sucesos (es saludable saber cómo ven las cosas los extraños, más propensos a descubrir nuestras ridiculeces). A lo mejor le contaban qué llega a decirse de su presidente en las pancartas estudiantiles. O cómo, por sentencia del Tribunal Supremo dictada en nombre de la libertad de expresión, el americano que así lo estime conveniente tiene derecho a quemar su bandera.

¿Lo peor del tumulto de Huelva? Que estudiantes de América y de Moguer (éstos sobre todo: se quedan aquí) puedan pensar que nuestra Constitución es tan miserable y estrecha como el diputado del PP la imagina.

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