La Asamblea cierra una investigación sobre la Jiménez Díaz nada más abrirla

Fue la de ayer una de esas sesiones parlamentarias que muestran el lado más absurdo de la política. La comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid para estudiar la entrada de la multinacional británica IDC en la clínica de la Concepción -conocida como la Concha- quedó ayer constituida y, prácticamente en el mismo momento, disuelta de facto. La comisión aprobó la lista de comparecientes y, a la vez, que no compareciera nadie. ¿La razón? PP, PSOE e IU admitieron que no daría tiempo a concluir la investigación antes de la disolución de la Cámara regional por las próximas elecciones.

Si alguna vez los actos parlamentarios se han mostrado inútiles, el de ayer demostró que siempre se puede dar un paso más hacia el vacío. Y ninguno de los tres grupos se salva. Unos -PSOE e IU-, por pedir una comisión que sabían condenada al fracaso, porque los plazos electorales impedían su desarrollo. Y otro -el PP-, por hacer imposible, al negarse a ampliar su tiempo de acción, que diera algún fruto.

A las 10.30 de ayer se constituía, formal y solemnemente, la comisión de investigación sobre la forma en la que se ha traspasado la clínica de la Concepción a la UTE (unión temporal de empresas) entre la multinacional IDC y la Fundación Jiménez Díaz, la dueña del centro sanitario. La comisión aprobada está formada por siete diputados -cuatro del PP, dos del PSOE y uno de IU-. El presidente es el popular Jesús Fermosel; la vicepresidenta, Caridad García Álvarez (IU), y el secretario, Antonio Hernández Guardia (PP).

El acto público de constitución fue breve. Lo sorprendente fue que, tras unas deliberaciones secretas que se prolongaron durante cuatro horas, la conclusión resultó ser que no daba tiempo a nada. Aun así, se aprobaron las listas de comparecientes -63 pedidos por el PP, 22 por el PSOE y 11 por IU-, pero se acordó a la vez que no se citara a nadie. La Mesa de la Asamblea había decidido, la semana pasada, que la comisión debía clausurarse el 13 de marzo, para poder presentar sus conclusiones en el último pleno, el día 20. La actividad parlamentaria termina el 24 de marzo.

Habrá, pues, en la Asamblea una comisión con el objetivo de reunirse para no entrevistar a nadie y no llegar a ninguna conclusión. Absurdo el trabajo de las taquígrafas y los ujieres, y hasta el gasto de luz de la sala donde habrán de reunirse los diputados.

El PSOE, a través de Lucas Fernández y Adolfo Piñedo, pidió que se prolongara el trabajo hasta el 30 de abril y no hasta el 13 de marzo. Argumentó que, al fin y al cabo, aunque el Parlamento madrileño acaba sus trabajos el 24 de marzo, los diputados siguen en ejercicio y "siguen cobrando", con lo que tampoco es pedirles nada extraordinario. El PP no aceptó. Pero da igual, porque tampoco hubiera dado tiempo a realizar la investigación pertinente y a entrevistar a todos los comparecientes previstos.

"Surrealista"

Cuando la oposición solicitó la convocatoria de esta comisión, PSOE e IU sólo querían que se investigara la historia más reciente de la clínica: la concesión de su gestión a la UTE. El PP impuso con sus votos la ampliación del ámbito de examen al periodo de Gobierno socialista (antes de 1995), y los socialistas contraatacaron -en vano- reclamando investigar también la gestión entre 1996 y 2002.

Lucas Fernández tachó la reunión de ayer de "surrealista". Y lo era. La comisión se reunirá el próximo miércoles y se disolverá de derecho -ayer fue disuelta de hecho- en ese mismo momento. Justo coincidiendo con el penúltimo pleno, el del día 13. El día 20, en el último pleno parlamentario, se habrán de presentar las conclusiones. Trabajo inútil, porque se pueden adelantar ya: no ha sido posible llegar a ellas.

La comisión de investigación, en caso de que algún partido quiera resucitarla, habrá de constituirse de nuevo en la próxima legislatura, tras las elecciones autonómicas del 25 de mayo.