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Un tribunal anula la fianza que pedía el juez en una querella contra García-Valdecasas

La Audiencia cree que 60.000 euros era una cifra desproporcionada y la reduce a 5.000

La Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona ha reducido de 60.000 a 5.000 euros la fianza exigida por un juez de instrucción antes de decidir si reabría la querella presentada contra la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, y dos mandos policiales por los incidentes ocurridos el 24 de junio de 2001 durante una manifestación convocada por grupos antiglobalización. La querella fue archivada el 6 de enero de 2002 por el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, pero meses después las organizaciones querellantes exigieron la reapertura al considerar que tenían nuevas pruebas.

El magistrado Juan Emilio Vila Mayo solicitó entonces la opinión del fiscal y éste propuso que exigiera a los querellantes 60.000 euros de fianza en lugar de los 5.000 que depositaron en su día en la primera querella y que nunca retiraron del juzgado. El juez asumió la petición del fiscal y ahora la Audiencia le reprocha que no justificase qué ha cambiado para reclamar una fianza 12 veces superior a la inicial.

La Audiencia de Barcelona recuerda que las numerosas organizaciones querellantes son entidades sin ánimo de lucro que no disponen de recursos económicos propios, por lo que la fijación de una fianza tan elevada es "una barrera" que les impide el ejercicio de la acción popular. Del mismo modo, el tribunal rechaza el argumento esgrimido por el juez en su día sobre la supuesta complejidad que tendría la reapertura del proceso.

Los abogados querellantes explicaron a la agencia Europa Press que "no tendría sentido" que tras solicitar el juez una fianza tan cuantiosa ahora decidiera volver a archivar la causa. Por su parte, un portavoz de la Delegación del Gobierno restó importancia a la resolución judicial y mostró su convencimiento de que la querella volverá a ser archivada.

El motivo de la querella fueron las detenciones practicadas por la policía, arbitrarias en opinión de los denunciantes, durante la manifestación convocada en protesta por la reunión del Banco Mundial prevista en Barcelona, que finalmente fue suspendida. Antes de que se disolviese la marcha, cuando se estaba leyendo un manifiesto, la policía cargó contra parte de los manifestantes, mientras que grupos de incontrolados habían arrasado a su paso decenas de escaparates en el paseo de Gràcia. Los querellantes creen que agentes de paisano participaron en esos altercados.

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