El Gobierno sube un 30% la retribución del turno de oficio

El Departamento de Justicia subirá este año una media de un 30% las retribuciones de los abogados que integran el turno de oficio con el objetivo de mejorar este servicio que se ofrece de forma gratuita. Alrededor del 4% de las personas que a lo largo del año tienen algún tipo de relación con la Administración de Justicia se benefician de esta medida. Una de las condiciones es tener unos ingresos mensuales inferiores al doble del salario mínimo interprofesional, es decir cobrar menos de 1.033 euros.

El Gobierno rubricó ayer un acuerdo para este año y el siguiente con los colegios de abogados de las tres provincias que les garantiza a éstos un presupuesto de 4,3 millones de euros para este año, frente a los 3,5 de 2002, en el que los abogados del turno de oficio contabilizaron 5.000 actuaciones. Aunque la subida media de las retribuciones es de un 30%, hay módulos en los que el incremento se acerca al 60%. Es el caso de las intervenciones profesionales más demandadas, como la asistencia al detenido, procedimientos penales y separaciones matrimoniales no amistosas. Por ejemplo, en este apartado los abogados cobraron en 2002 un total de 381,77 euros por actuación. Este año percibirán 500 euros y el próximo, 600.

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, destacó la trascendencia del acuerdo al afectar a un derecho fundamental de los ciudadanos. "Es una obligación de los poderes públicos garantizar que quienes carecen de medios económicos puedan acceder a la defensa", señaló.

"Un sistema", añadió, "no será justo si margina a los sectores más desfavorecidos del servicio público de la Administración de Justicia, que se convierte en un factor clave en la aspiración de la sociedad para vivir de una manera pacífica".

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Vizcaya, Eduardo Escribano, recalcó que el acuerdo representa un avance "significativo". Escribano precisó que por ahora no se habían incluido los juicios rápidos porque comenzarán a funcionar a partir de abril. Así, será necesario comprobar cómo funcionan y el número de juicios de este tipo que se celebran a lo largo del año para poder cuantificar la ayuda que será necesaria para cubrirlos con garantías.