Pujol asegura que no habrá dimisiones por las encuestas, mientras crece el malestar en CiU

No habrá dimisiones en el Gobierno catalán por el escándalo de la manipulación de encuestas, dijo ayer el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Tan categórica afirmación contrasta con las manifestaciones que hacen en privado dirigentes de CiU, partidarios de que cuanto antes se corte por lo sano con una sonada destitución. "Hay que evitar que la gangrena de la falsedad se extienda a Artur Mas", dijo ayer un alto dirigente nacionalista. Pero el conseller en cap sigue enrocado y, ahora, ha negado el acceso a los contratos de las encuestas a un diputado socialista.

"Afortunadamente, Mas y yo, en todo, pero concretamente en ésto [el escándalo de las encuestas] estamos muy de acuerdo", dijo ayer el presidente de la Generalitat para poner de manifiesto la comunión de ideas entre él y el delfín. Pujol consideró que hablar de diferencias forma parte de "una instigación por parte de algún sector político que quiere verlo así". Pero buena parte de la federación nacionalista se queda fuera de esta extraordinaria simbiosis. Dentro de CiU cunde el desánimo ante la acumulación de escándalos sobre sondeos e informes manipulados y crece el número de dirigentes que sostienen en privado que una destitución es inevitable para poner fin a la crisis.

Pujol, aseguran fuentes de CiU, no intervendrá en esta crisis hasta que no vea que está en peligro el proyecto nacionalista que ahora pasará a encabezar Mas. Otros dirigentes, en cambio, opinan que no pasarán muchos días sin que se produzcan relevos en Presidencia y singularmente en la persona de David Madí, secretario de Comunicación del Gobierno catalán y mano derecha político-mediática del conseller en cap. El socio democristiano de Convergència, Unió Democràtica, prefiere no entrar en la batalla. Así, en plena crisis por la manipulación de encuestas, Josep Antoni Duran Lleida, líder de UDC, ha emprendido un viaje de placer de una semana de duración, quizás con la secreta esperanza de que a su vuelta el temporal habrá remitido.

Pero la tempestad no lleva camino de amainar. El diputado socialista David Pérez ha solicitado el amparo al presidente del Parlamento catalán al negársele -desde el departamento que dirige Mas- el acceso a los contratos de adjudicación firmados entre la Administración autonómica y la empresa demoscópica Line Staff.

La cámara catalana, a través de su presidente, Joan Rigol, ha instado al conseller en cap a que facilite la documentación reclamada por el diputado del PSC.

La actitud de Mas contrasta con lo manifestado por él mismo anteayer en conferencia de prensa cuando puso a su departamento como paradigma de "transparencia" y ejemplo de colaboración con los parlamentarios de la oposición.

Denuncia judicial

Y es que la oposición no quiere dar tregua al Gobierno catalán. Una estrategia de presión política a la que también se ha sumado el PP. De momento, a finales de esta semana o a principios de la próxima Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) presentará ante los tribunales una demanda contra el Ejecutivo por presunta malversación de caudales públicos. Los ecosocialistas están decididos a dar este paso pese a ser conscientes de que podría perjudicar la tarea unitaria de la izquierda con el PP para dar luz verde a una comisión de investigación.

El presidente del Grupo Parlamentario del PP, Alberto Fernández Díaz, advirtió ayer a Artur Mas de que vaya pensando en buscar al autor de las manipulaciones y redactando su carta de cese antes de 15 días. De lo contrario, el PP apoyará la investigación parlamentaria. Fernández Díaz consideró una "burla" las explicaciones dadas anteayer por el conseller en cap, quien culpó a una fotocopiadora del informe electoral cercenado que se envió desde el Gobierno a un diputado de Esquerra. "Las explicaciones son absolutamente insuficientes y un despropósito más a añadir a esta absoluta chapuza", manifestó Fernández Díaz.

La dirección nacional ha autorizado al PP catalán a que mantenga las espadas en alto y no baje la guardia en la exigencia de responsabilidades. Los populares consideran que en lo que resta de legislatura -hasta las elecciones de otoño- pueden permitirse alguna divergencia con sus aliados de CiU.