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Los creadores rechazan la nueva Ley de Propiedad Intelectual porque no garantiza sus derechos

Las entidades de gestión aseguran que perjudica a los autores y beneficia a las empresas

El anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual que prepara el Gobierno para adaptarla a la normativa europea ha conseguido irritar a todos los sectores implicados. Los músicos, artistas plásticos y cineastas no se sienten protegidos frente a las grandes empresas. "No es un problema corporativo, sino una cuestión de Estado, porque de esta ley depende que España sea una potencia cultural o una mera receptora sumisa de creación. No podemos perder competitividad, y eso significa que Almodóvar, Tàpies o Arturo Pérez-Reverte sigan llevando por el mundo sus obras", dijo ayer Eduardo Bautista, presidente ejecutivo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), quien pidió un pacto social para defender "la cultura y la creación". La SGAE calcula que las pérdidas brutas del sector ascenderían a 10.370 millones de euros.

"Con la excusa de la directiva, el Gobierno ha aprovechado para reducir los límites"

"En un conflicto, en lugar de un juez decidirá una comisión gubernamental"

Los derechos de autor fueron durante décadas una especie de limosna residual para músicos y escritores. Las nuevas tecnologías de reproducción de las obras han multiplicado su posible difusión y con el paso del tiempo, gracias al esfuerzo en gran parte de las entidades de gestión, se han ido transformado en una fuente de ingresos considerable, lo que por primera vez en la historia ha permitido una protección del autor al margen de los caprichos del mercado o de los improbables mecenas. La directiva europea sobre Derechos de autor y afines en la Sociedad de la Información tiene como objetivo adecuar la protección de estos derechos al entorno digital, principalmente en Internet, y también salvaguardar el libre acceso a la información de los ciudadanos. Pero cuando el Ministerio de Cultura español inició el proceso de diálogo y elaboración del borrador de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para adecuarla a esta directiva abrió también una caja de truenos.

Con el borrador en la mano, otros ministerios y los empresarios querían ver reflejados sus intereses. Y así, este borrador convertido ahora en anteproyecto de ley ha ido y venido varias veces a la comisión de subsecretarios, y al menos dos al Consejo de Ministros. Aún tiene que volver a pasar por éste antes de iniciar el trámite parlamentario. Por el camino, los autores temen perder la protección que habían conseguido hasta ahora.

"Con la excusa de la directiva, el Gobierno ha aprovechado para reducir los límites de los derechos de autor no sólo en el entorno digital, sino en general", indica el pintor Perico Pastor, presidente de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), entidad que gestiona los derechos de 1.500 autores españoles y 39.000 internacionales en España. La misma opinión tiene Francisco Galindo, secretario general de la Fundación Autor, perteneciente a la SGAE, que tiene más de 67.000 socios. Para Galindo, "se van a primar los intereses de los grandes grupos frente a los creadores, dejándolos totalmente indefensos. Esto no ocurre en ningún otro país de Europa, en donde se sigue legislando a favor de los derechos del creador".

Fundamentalmente, son cuatro los aspectos de la nueva ley que rechazan los creadores:

- LÍMITES A LOS DERECHOS

La directiva establece la posibilidad de cada Estado de establecer límites a los derechos de autor en casos concretos, aunque siempre fijando algún tipo de compensación al autor. "En el anteproyecto estos límites no se establecen de manera específica, lo que puede favorecer el abuso y, además, se dice directamente que no habrá compensaciones a no ser que se establezca lo contrario, lo que equivale a decir que no las hay", indica Javier Gutiérrez Vicén, director general de VEGAP. El Centro Español de Derechos Repográficos (CEDRO), que gestiona los derechos de 5.586 autores y editores, está satisfecho por haber conseguido que el ministerio escuchara algunas de sus críticas al borrador previo al anteproyecto, lo que ha eliminado, por ejemplo, la pretensión de que mediante reglamento se pudieran establecer excepciones al pago de derechos.

- COPIAS DOMÉSTICAS

Afecta a la utilización de aparatos que faciliten la grabación o reproducción de un disco, una película, una imagen o un libro para uso privado. La ley vigente, de 1996 (cuando no había DVD ni CD), prevé que esa copia lleve un canon por derechos de autor (una de las principales fuentes de ingresos de los creadores) que recae sobre los aparatos y soportes que se utilizan en una grabación como DVD o CD vírgenes, grabadoras, fotocopiadoras, escáneres o vídeo. La nueva normativa prevé que el Gobierno fije ese canon y diga qué aparatos deben llevarlo. "Con esto, el Gobierno pretende disminuir el elevado número de litigios que se producían al negarse los fabricantes a aplicar ese canon, pero los pleitos van a continuar", advierte Galindo, "porque nosotros seguiremos acudiendo a los tribunales". Con esta modificación lo que hace el Gobierno es "defender los intereses de los grandes fabricantes, como Sony, Basf, Philips, que presionarán para que sus productos no incorporen esa cantidad, o sea simbólica". El Ministerio de Cultura niega este extremo. "Seguirá existiendo ese canon. Lo que hace la nueva ley es actualizar la relación de aparatos, que no se hacía desde hace siete años, y fija que cada dos años se actualice para favorecer al autor frente a la revolución tecnológica", dice Mariano Zabía, subsecretario del Ministerio de Cultura. Para Juan Mollá, presidente de CEDRO, debería ser el Ministerio de Cultura, más afín a los creadores, el que decidiera, y no el Gobierno, ya que en éste intervienen intereses de otros sectores económicos. Pero en este punto, los que están peor son los creadores visuales, bastante castigados en el anteproyecto, ya que ni siquiera se les contempla en este punto al eliminar la expresión "soporte visual" del documento, en contra de lo que dice la directiva y lo que establece la actual ley.

- ARBITRAJE

Otro punto fuerte de enfrentamiento es el papel que otorga el anteproyecto a la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura. En el caso de la intervención arbitral de esta comisión en algún conflicto en el que intervenga alguna entidad de gestión, su dictamen será vinculante y de aplicación inmediata, llegándose el caso de que podrá fijar cantidades sustitutorias de las establecidas en las tarifas de la entidad y establecer límites a la propiedad intelectual. La sanción por incumplimento en este último caso será de 6.000 euros al día. Antes, este derecho se basaba en que el autor "ponía precio por el uso de sus obras", una tarifa como cualquier otro profesional. "Ahora, en lugar de que sea un juez quien determine en caso de conflicto si la tarifa que ponían los creadores era excesiva o no, va a ser esa comisión gubernamental quien determine el precio", indican en la SGAE. "Aquí se discute la capacidad de un Gobierno para poner precio a una obra cultural. En otros países europeos esa comisión es independiente". Para Javier Gutiérrez, de VEGAP, "el anteproyecto roza la inconstitucionalidad porque un órgano ejecutivo sustituye al juez, con lo que se rompe la separación de poderes. Y sólo en perjuicio del autor".

- ENTORNO DIGITAL

Según la SGAE, el Gobierno intenta que a todas las obras creadas en el entorno digital (como películas, videojuegos, libros, música...) se les exima del derecho de remuneración, un derecho secundario para cuando falla el principal. Este cambio afectaría sobre todo a los creadores audiovisuales, que son quienes tienen este derecho. Significa que si un cineasta en lugar de hacer una película en soporte convencional (por lo que se pagan derechos de autor) y volcarla después en la Red, decide crearla directamente en Internet, ya no tendría derecho a retribución. "Esto supone liberar a todas las empresas de Internet o de otro sistema interactivo del pago de los derechos de autor. Y ya sabemos lo que ocurre con la música y el cine en la Red", añade Galindo. Según el ministerio, quedan garantizados los derechos de autor "tanto en el sector audiovisual como analógico".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de marzo de 2003