El Congreso debate incluir a las parejas gays en las medidas contra la violencia doméstica

Incluir a las parejas homosexuales en las medidas contra la violencia doméstica. Ésa es una de las iniciativas que debate la subcomisión del Congreso encargada de proponer actuaciones contra "la violencia de género". También plantea ampliar el círculo de la violencia doméstica a los familiares hasta abuelos y nietos. El grupo de parlamentarios, que espera culminar su trabajo esta semana, se reunió ayer para redactar las nuevas medidas penales y procesales que figurarán en una proposición no de ley. Las organizaciones de homosexuales aplauden la iniciativa.

"Nuestro objetivo es equiparar todo tipo de relaciones afectivas ante la violencia doméstica, de forma que ninguna quede excluida", explicó ayer la diputada Mercè Pigem, de Convergència i Unió. Desde las bancas de Izquierda Unida (IU), Marisa Castro ratificaba este planteamiento e incluso veía con optimismo la posibilidad de que el PP lo hiciera suyo. Este periódico intentó, sin éxito, conocer la opinión del partido del Gobierno, opuesto a reconocer a las parejas homosexuales como familia. No obstante, todos los partidos intentan alcanzar el máximo consenso sobre las medidas que propondrán. Se plasmarán en una proposición no de ley para reformar leyes como el Código Penal o la normativa procesal.

"La literalidad de los preceptos del Código Penal no excluye a las parejas homosexuales, de la violencia doméstica", afirma Pigem. Sin embargo, dado que carecen de una mención expresa, "la interpretación jurisprudencial no siempre va en esa línea", añade. "La reforma debe servir para que se dé una única interpretación a la ley".

"La víctima de violencia debe tener derecho a las mismas medidas de protección ya tenga una pareja homosexual o heterosexual", apunta Castro.

Según Pigem, también se pretende incluir dentro de la violencia doméstica a las parejas de novios que no conviven y "ampliar el círculo" de este problema a los abuelos y nietos. Las medidas de protección deben alcanzar a todas las víctimas, incluidos los hombres que padezcan esa situación.

Otra iniciativa en debate es la inhabilitación para ejercer cargo público de los condenados por violencia doméstica. También se plantea la retirada del ejercicio de la patria potestad y la creación de un registro estatal de causas por violencia doméstica que permita al juez conocer si la persona acusada tiene antecedentes por ese mismo delito.

La comisión aborda la definición de la violencia psíquica, tipificada con escasa concreción. Propone considerar así el trato degradante, las amenazas, la privación de libertad o la anulación de la personalidad. Según Pigem, este planteamiento va en línea con el informe de la comisión Congreso-Senado, difundido a finales del año pasado.

La subcomisión estudia un endurecimiento de las penas para los agresores. Plantea que se aplique en su tramo más alto cuando el maltrato se produzca en presencia de menores, en el domicilio común o de la víctima, con armas o cuando se vulnera la orden de alejamiento.

Para la diputada socialista Micaela Navarro un gran escollo es lograr el compromiso financiero del Estado para crear un fondo de garantía de pensiones a beneficio de las mujeres maltratadas. También desea que se concrete la orden de protección. El ministro de Justicia, José María Michavila, se reunirá hoy con miembros de la subcomisión para detallar esa nueva figura jurídica que ordenará el juez y permitirá poner en marcha toda la atención necesaria a la víctima tras denunciar malos tratos.

Homosexuales a favor

La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Beatriz Gimeno, recibió "con sorpresa y satisfacción" la posibilidad de que se incluya a las parejas homosexuales en las medidas destinadas a luchar contra la violencia doméstica, informa Emilio de Benito. "En todas las familias se establecen vínculos de poder que pueden acabar en violencia, y nuestras familias no son una excepción", afirmó. "Existen estudios de EE UU que señalan que la incidencia de la violencia es igual en parejas homosexuales y heterosexuales. La diferencia radica en que para gays y lesbianas no hay estructuras de apoyo", añadió.

El director del programa de atención a gays, lesbianas y transexuales de la Comunidad de Madrid, Manuel Ródenas, explicaba: "Hemos querido mandar lesbianas o transexuales a casas de acogida, y las han echado. De los gays, ni hablamos". No hay centros para ellos.