El Gobierno catalán pagó un estudio electoral para Convergència y en perjuicio de Unió

El Gobierno catalán pagó un estudio que mide los efectos que tendría sobre Convergència Democràtica (CDC), el partido de Jordi Pujol, la aplicación en Cataluña de distintos sistemas electorales, una reclamación persistente de la izquierda. En 2002, Presidencia remitió el estudio al Parlament, pero lo entregó mutilado: mantuvo los capítulos dedicados a la explicación de los modelos y arrancó las páginas que analizaban los efectos sobre CDC de cada uno de ellos. Algunas de las conclusiones censuradas perjudican directamente a Unió Democràtica, el socio del partido de Pujol, al sugerirse medidas que "harían difícil que Unió se decidiera a presentarse en solitario".

Ayer, la oposición en bloque reiteró la exigencia de que el Gobierno catalán asuma responsabilidades por las manipulaciones y omisiones en los estudios encargados por la Generalitat y señalaron como responsable al secretario de Comunicación del Ejecutivo, David Madí.

La polémica provocó ayer fisuras en CiU. El líder de Unió y secretario general de CiU, Josep Antoni Duran, afirmó que la última encuesta falsa conocida no salió de la federación. El conseller en cap, Artur Mas, por su parte, contradijo a Duran, negó que la citada encuesta fuera difundida por el Gobierno y la atribuyó a CiU. Duran precisó: "Si tuviera identificado al tonto, pediría su dimisión", siguiendo el argumento dado por Pujol la semana pasada, quien atribuyó los errores a "tontos o inútiles".

Las mutilaciones descubiertas ahora no afectan sólo a los sondeos. El año pasado, el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Ridao pidió al Gobierno catalán el Estudio sobre posibles alternativas a la actual ley electoral, elaborado por el Centro de Estudios Sociológicos (CES). El Departamento de Presidència lo entregó, pero arrancó antes algunas páginas, según ha comprobado este periódico, que ha tenido acceso al estudio original.

Contra los minoritarios

Las recomendaciones censuradas al Parlament perjudican a su socio Unió Democràtica y a los demás partidos. Por ejemplo, se sugiere que en caso de avanzar hacia un modelo similar al alemán, como reclaman los socialistas, Convergència trate de elevar al 5% el umbral mínimo para obtener escaño, situado hoy en el 3%: "El principal beneficio que podría esperar CDC de la implantación de este sistema sería un beneficio estratégico a medio plazo", sostiene el informe de CES. El trabajo añade: "Como el umbral del 5% es difícil de obtener, este sistema dificultaría la perviviencia de partidos pequeños que pugnan con CDC; por ejemplo, haría difícil que Unió decidiera presentarse en solitario y probablemente hubiera provocado la desaparición de ERC en la década de 1980".

El informe completo contenía los apartados Evaluación y Estrategia de implantación, pensados exclusivamente para CDC y que se ocultaron al Parlament. El primero mide el impacto para el partido de Pujol de cada uno de los sistemas analizados (alemán, escocés y un modelo diseñado por la Fundació Jaume Bofill). El segundo le da consejos sobre cómo obtener los máximos beneficios en las tres propuestas y sugiere estrategias de negociación con el resto de partidos.

CiU rechaza oficialmente el modelo alemán, promovido por los socialistas, porque perjudica a las comarcas del interior. Pero la parte censurada del estudio pone de manifiesto otro tipo de causas: "La circunscripción única nacional es electoralmente perjudicial para CiU", sostiene como argumento principal. Incluso se recomienda a CDC "tener preparado los argumentos contrarios para los medios de comunidación" para cuando el PSC quiera "igualar el valor del voto a todo el país". Josep Camps, director general de Evaluación y Estudios, declinó ayer pronunciarse y remitió a EL PAIS a la oficina de prensa. Ésta exigió a este periódico la pregunta por escrito, que le fue enviada, y su responsable, Joan Francesc Cànovas, respondió que "la trasladaba a Evaluación".