Anomalías contables en la Universidad Popular de Jaén
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado irregularidades financieras en la Universidad Popular de Jaén, un órgano dependiente del Ayuntamiento de la capital. Errores contables, deficiente control de los ingresos, pagos realizados sin consignación presupuestaria, mandamientos de pago no autorizados por el consejo de gerencia o la inadecuada utilización de un préstamo de 42.070 euros para inversiones son algunas de las anomalías que se revelan en el informe de fiscalización correspondiente al periodo 1996-2000, gobernado por el PP.
El Parlamento andaluz aprobó en marzo de 2001 la realización de esta auditoría a instancia del grupo parlamentario socialista tras la denuncia realizada por el grupo del PSOE en el Ayuntamiento jiennense en torno a la existencia de un supuesto agujero contable que habría dado lugar a una presunta prevaricación, malversación de fondos y falsedad en documento en este órgano municipal.
En el informe de fiscalización emitido ahora se concluye que la Cámara de Cuentas "no puede emitir una opinión de la razonabilidad de los estados contables de la UPM" debido "a la importancia de las limitaciones y salvedades descritas en el informe". Las limitaciones y salvedades a las que alude se refieren, entre otras, al "incumplimiento sistemático" de varios principios contables, que la contabilidad del año 1996 se hizo utilizando un sistema ya derogado, ausencia de una contabilidad auxiliar bancaria, deficiente control de los ingresos por matriculaciones en los cursos de la UPM, la no exigencia a los alumnos que optaron por el pago fraccionado del segundo plazo, los gastos realizados en 1998 para el programa de barrios sin consignación presupuestaria y los 75 mandamientos de pagos, de entre los años 1995 y 1998, por importe de 305.057 euros en los que no aparece la autorización del consejo de gerencia. Los estatutos de la UPM sólo permiten a su director autorizar pagos inferiores a 601 euros, pero el informe revela que al menos 60 mandamientos de los años 1999 y 2000 fueron autorizados por él.
El alcalde de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar, reconoció en su día la existencia de "defectos procedimentales", pero los calificó de "irrelevantes".
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