El CES pide que el Estado pague una parte del coste del servicio universal de telefonía

El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno en el que participan los agentes económicos y sociales, considera que el Estado debe financiar con fondos públicos "una parte del coste", parte del servicio universal de telefonía para garantizar que el acceso sea posible para todos los ciudadanos. El CES incluye esta petición en el dictamen del anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que aprobó ayer.

Hasta ahora, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha decicido que Telefónica asuma sola lo que cuesta mantener la red telefónica con un mínimo de calidad y a un precio asequible para todos los usuarios (en torno a 270 millones de euros), aunque este año podrían cambiar las cosas. El ex monopolio quiere compensaciones de sus rivales.

Otra de las consideraciones del CES sobre la nueva ley, que persigue la simplificación con medidas como que las empresas puedan empezar a operar sin necesitar una licencia, hace referencia a la "excesiva" reglamentación que se mantiene y al margen de maniobra "demasiado amplio" que aún tendrán los distintos reguladores y ministerios implicados (Economía, Ciencia y Tecnología, la CMT o el Servicio de Defensa de la Competencia), con la consiguiente "incertidumbre e inseguridad jurídica" para las empresas. "Aunque el anteproyecto trata de poner orden en el entramado de competencias y de reguladores que actúan sobre diferentes aspectos en el sector, y a pesar de que parece clarificar los objetivos y competencias de cada uno de los reguladores actuales, todavía está lejos de conseguir una coordinación estrecha entre estas autoridades o el establecimiento de un único operador", señala.