El Consejo de Ministros acuerda simplificar los trámites para operar en telecomunicaciones

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de las Telecomunicaciones, que fue remitido el pasado 17 de enero al Consejo de Estado y que tiene como finalidad la incorporación al ordenamiento español de la nueva normativa sobre la materia aprobada por la Unión Europea en marzo de 2002.

El anteproyecto de ley tiene como principal novedad la simplificación de los trámites administrativos para actuar como operador en el mercado, de manera que una persona física o entidad únicamente deberá comunicarlo con carácter previo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). A partir de dicha notificación, podrá comenzar a prestar sus servicios o establecer su red.

Se rebaja así la intervención administrativa en lo que supone no solicitar una autorización previa a la actuación de los operadores, si bien esta mayor agilidad va acompañada de un amplio régimen sancionador. De este modo, se introducen infracciones como el incumplimiento de los límites de emisiones en las antenas radioeléctricas. Además, se prevé la posible inhabilitación del operador que cometa una infracción y la retirada del mercado de equipos y aparatos que incumplan los requisitos esenciales.

Asimismo, el anteproyecto de ley establece que la CMT analizará periódicamente los diversos mercados de telecomunicaciones para detectar los sectores en que no exista una competencia efectiva. El vicepresidente Priemro, Mariano Rajoy, ha destacado la importancia de este anteproyecto "por el avance que supone para la libre competencia y para los usuarios".

Servicio universal

También se mantiene el "servicio universal" como aquel conjunto mínimo de prestaciones que deben recibir todos los ciudadanos a un precio asequible, con independencia de su localización geográfica. Además, se elevan a rango legal determinados aspectos, como las tarifas especiales de servicio telefónico para personas con necesidades sociales especiales o la garantía de posibilidad de elección de operador para los discapacitados.

Como novedad, la normativa comunitaria incluyó entre estas prestaciones el "acceso funcional a Internet", lo que ya se encuentra en vigor en España tras la aprobación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de 11 de julio de 2002, y que encuentra también su reflejo en este anteproyecto.