Medio Ambiente anuncia la clausura del polémico vertedero de Cruïlles

El consejero de Medio Ambiente, Ramon Espadaler, anunció ayer la clausura del polémico vertedero de Cruïlles (Baix Empordà) aduciendo la falta de licencia de las instalaciones de la empresa Recuperació de Pedreres. El vertedero ha sido objeto de una enconada lucha vecinal que ha llegado a los tribunales. La medida de la Generalitat, que se había resistido hasta ahora al cierre reclamado por la Plataforma Altenativa a l'Abocador (PAAC), se ha producido, explicó Espadaler, cuando el Departamento de Medio Ambiente ha tenido "la certeza jurídica de que existe una sentencia firme que anula una licencia de actividades". El consejero aludía a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en que se ponía en cuestión la licencia municipal concedida a las instalaciones.

El consistorio de Cruïlles ya anunció que acataría la sentencia del TSJC y ordenaría el cierre del polémico vertedero antes del 3 de marzo. Espadaler aclaró ayer que es la Generalitat la que ordena el cierre, con independencia de que el Ayuntamiento lo hubiera reclamado también.

El Departamento de Medio Ambiente dictó la orden de clausura del vertedero el pasado día 25. Esta medida supone el fin de la entrada de residuos en el depósito controlado y fija una serie de medidas para la gestión de los que se han ido acumulado durante su funcionamiento. Las empresas privadas que utilizaban estas instalaciones para dejar sus deshechos industriales deberán buscar otras empresas que se ocupen de sus residuos, tarea en la que no interviene la Generalitat.

El consejero de Medio Ambiente explicó ayer que la empresa tramita una nueva autorización para adaptarse al nuevo marco legal que podría suponer la reapertura de las instalaciones a corto plazo. Esta tramitación se encuentra actualmente en el periodo de alegaciones de la autorización ambiental.

Espadaler rehusó pronunciarse ayer sobre la querella interpuesta por los opositores al vertedero contra representantes de la Generalitat y de la empresa. El Juzgado de Instrucción número 1 de La Bisbal d'Empordà ha admitido a trámite la querella criminal interpuesta por la PAAC y ha encontrado indicios de prevaricación y delito contra el medio ambiente.