Navarra reta al Estado y aprueba un complemento a las pensiones de viudedad

El Parlamento navarro está decidido a conseguir que toda pensión de viudedad alcance el salario mínimo interprofesional (SMI), y así lo ha aprobado con el único voto en contra de UPN. El reto al Estado está servido. Conociendo la intención del gabinete Aznar de recurrir ante el Tribunal Constitucional cualquier complemento autonómico a las pensiones -ha anunciado la elaboración de una ley para garantizar la igualdad de pensiones no contributivas en toda España- la cámara ha modificado el proyecto de ley de CDN para ajustarlo a las competencias propias de asistencia social de que goza Navarra. UPN afirma que se está "engañando" al colectivo con una perspectiva que será inaplicable y defiende la mejora de la capacidad adquisitiva de este colectivo mediante deducciones fiscales incluidas en el proyecto de reforma del IRPF. El objetivo es que todas las pensiones de viudedad (26.500 en Navarra) sean al menos de 451 euros mensuales, frente a una pensión media que actualmente es de 369 euros. El 88% de estas pensiones no alcanza el SMI.Los proponentes, CDN, estiman que el coste para las arcas de la Hacienda Foral no llegará a 12 millones de euros anuales. Si la medida es refrendada en un próximo pleno y el PP no la recurre, entrará en vigor con efectos retroactivos con fecha 1 de enero de 2003. No obstante, los servicios jurídicos de la cámara y el propio Consejo de Navarra adelantan que el recurso del PP está asegurado, al estimar que las ayudas serán interpretadas como una ruptura de la caja única de la Seguridad Social.

La oposición se arriesga y recuerda que el propio PP ha pactado con CiU en Cataluña un aumento progresivo de los subsidios de viudedad desde este año.

En el artículo uno del proyecto se habla de unas "ayudas complementarias y subsidiarias de cualquier otro tipo de recursos y prestaciones sociales" destinada a responder a las necesidades básicas de las personas preceptoras, que deberán tener la vecindad civil de Navarra y un arraigo previo de al menos tres años. No obstante, se especifica que se trata de ayudas económicas "diferentes" a la Seguridad Social, que se aplican allá "donde acaba la protección del Estado", sin modificar las condiciones o requisitos del cobro de la pensión ni la cuantía de éstas, "por lo que no se invade la competencia exclusiva reservada al Estado sobre la legislación básica ni se quiebra el principio de unidad presupuestaria del sistema de la Seguridad Social".

En la exposición de motivos se señala que "la acción social constituye un tipo de protección social de tercer grado, de carácter subsidiario, destinada a cubrir los huecos de protección que escapan de la mala protección de los brazos contributivo y no contributivo de la Seguridad Social, o bien de carácter complementario, es decir, destinado a mejorar las, a veces, bajas prestaciones de la Seguridad Social".

La acción parlamentaria ha ido acompañada de una proposición de ley aprobada en la Cámara navarra por la que se insta al gobierno central a modificar la ley general de la Seguridad Social, propuesta que será defendido en el Congreso de los Diputados por tres parlamentarios navarros.