Castillejo deberá explicar en el Parlamento andaluz los detalles de su póliza

El litigio entre la Junta de Andalucía y Cajasur llegó ayer al Parlamento andaluz. El PSOE respaldó una iniciativa de Izquierda Unida y el Grupo Mixto para solicitar al presidente de la entidad, el sacerdote Miguel Castillejo que explique en la Cámara autonómica los detalles de la póliza de 2,9 millones de euros que contrató la entidad cordobesa para garantizarle una renta vitalicia de 213.000 euros anuales cuando deje su cargo. Además, IU anticipó que solicitará la creación de una comisión de investigación sobre el asunto si, como ha dado por hecho Cajasur, Castillejo desatiende la petición del Parlamento.

"Ya sabemos que Castillejo no tiene obligación de atender esta solicitud, pero si no comparece es que tendrá algo que ocultar", indicó el portavoz de Economía de IU, Francisco Ríos. En ese caso, indicó el parlamentario andaluz, "IU promoverá que se constituya una comisión de investigación a la que no le quedará más remedio que asistir porque le obliga la ley".

La comisión parlamentaria en la que se trató el asunto no contó con la participación de representantes del Grupo Popular, que abandonaron la sesión por la negativa del PSOE a que la consejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez, detallara en esa misma comparecencia los resultados de las petición de información que hizo a las seis cajas andaluzas sobre las retribuciones de sus directivos y consejeros. El resto de grupos parlamentarios -que defendían postergar esa explicación de Álvarez- criticó duramente el gesto del PP, que acusó a su vez al PSOE de "bloquear" la Cámara andaluza.

Los populares mostraron también su rechazo al escrito presentado el jueves por la Junta ante la Fiscalía Anticorrupción en el que alerta de indicios, encontrados por la inspección autonómica, de apropiación indebida y falsedad en documento contable en los últimos tres ejercicios. "No me sorprende que recurran a la Fiscalía sin pruebas, eso está dentro de una estrategia de acoso a una entidad financiera", aseguró la presidenta del PP andaluz, Téofila Martínez. El portavoz de Economía del PP, Salvador Fuentes, fue más lejos aún al acusar a la Junta de haber incurrido en un "supuesto delito de denuncia falsa".

"Hemos cumplido con nuestro deber al poner en manos del fiscal Anticorrupción lo que creemos que pueden ser decisiones que entran en el ámbito de lo penal", defendió el presidente de la Junta, Manuel Chaves. "Tomamos esa decisión porque los hechos son muy graves y afectan a muchas personas, Cajasur tiene un millón de cuentas abiertas", recordó Magdalena Álvarez, quien eludió precisar los datos que de la denuncia.

Inspección en tela de juicio

Los datos en los que se basa la denuncia de la Junta ante la Fiscalía Anticorrupción se recopilaron por los inspectores autonómicos que auditaban las cuentas de Cajasur -la inspección cesó el jueves por "obstruccionismo de la caja", según la Junta- desde octubre pasado. La caja cordobesa había pedido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la suspensión de esa inspección, por contar con el auxilio de la consultora privada KPMG.

Según el auto que difundió ayer Cajasur, el tribunal rechaza la suspensión pero advierte de que la inspección "sólo puede realizarse por funcionarios al servicio de la Consejería", por lo que "deberá cesar de inmediato" el personal de la consultora privada "en toda actividad inspectora". "Eso invalida toda la inspección, porque en ella intervino KPMG, y por tanto la denuncia en Anticorrupción está basada en datos ilícitos", concluyó el jefe de los servicios jurídicos de Cajasur, Diego Jordano. Una tesis que fuentes autonómicas consideraron falsa.

Por otro lado, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha, María Luisa Araujo, presentó ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la Ley Financiera del Gobierno al considerar que la regulación que introduce sobre las cajas de ahorro "vulnera el contenido" del Estatuto de Autonomía.