Rato anuncia medidas para que las deducciones por I+D se apliquen

España es uno de los países con mejores condiciones fiscales para invertir en investigación y desarrollo, pero las empresas recurren a esta herramienta mucho menos que la media europea. Para intentar dar la vuelta a esa situación, el Gobierno pondrá en marcha medidas que garanticen al empresario, antes de realizar la inversión, que ésta corresponde a un proyecto de I+D y, por tanto, tiene derecho a unos beneficios fiscales. Así lo anunció ayer el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, en la reunión anual de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas.

Con esta medida, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tendrá la última palabra para decidir qué inversiones corresponden al proyecto I+D. Hasta ahora, las sociedades realizaban sus proyectos y finalmente la Agencia Tributaria decidía si correspondía aplicarle las deducciones fiscales pertinentes. El Ejecutivo ha tardado varios años en otorgar esa capacidad a Ciencia y Tecnología y eliminar así la inseguridad jurídica de los empresarios al destinar su capital a I+D. El actual plan del Ejecutivo para la investigación y el desarrollo se elaboró en 1999 para el periodo 2000-2003. Entre los incentivos figuran deducciones del 30% de la inversión y del 50% del exceso de gasto sobre la media de los dos últimos años.

Las novedades, introducidas como enmienda del grupo parlamentario popular en el Senado al Estatuto de la Nueva Empresa, convertirán en vinculantes los informes que Ciencia y Tecnología realice sobre las inversiones del sector privado. La Agencia Tributaria tendrá que respetar cualquier certificado que emita este departamento a efectos fiscales. Esta ley se encuentra en su fase final de tramitación parlamentaria y está previsto que entre en vigor entre marzo y abril.

Rato aprovechó el marco de la industria alimentaria para volver a llamar la atención sobre la subida de precios de los alimentos, que en 2002 crecieron un 4,8%, por encima del 4% del índice general de inflación. Rato recalcó "la preocupación del Gobierno" sobre este asunto y apeló a la "transparencia" del sector para corregirlo.