Bruselas exige a España que recupere 104 millones de ayudas a Puigneró

Bruselas exigió ayer a las autoridades españolas que recuperen las ayudas públicas, con intereses, concedidas en la década de los noventa a Puigneró, que fue la mayor textil catalana y que, diezmada, continúa sus actividades tras haber suspendido pagos a finales de 2000. La deuda con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social asciende a 104 millones de euros, y el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) le concedió préstamos y avales por valor de 21,6 millones. La Comisión Europea considera la "omisión" de la devolución de esta deuda como ayudas de Estado. La empresa señala que "ya ha cumplido con su parte".

Bruselas advierte de que un acreedor privado nunca hubiera permitido "tal acumulación" de deudas y habría intentado "su recuperación forzosa". El tono del Ejecutivo comunitario fue de gran dureza, ya que acusó a las autoridades españolas de haber permitido, al no recuperar las ayudas, que la empresa continuara produciendo e incluso lanzara campañas de venta a bajo precio, "posponiendo su inevitable reestructuración" y permitiendo que "se falseara" la competencia "en detrimento de las empresas que deben mantenerse a flote en el mercado con sus propios recursos y esfuerzo".

Fuentes de la Comisión añadieron que "España está obligada a exigir al beneficiario que devuelva las ayudas" aunque una empresa pase, como era el caso de Puigneró, por una situación financiera y social delicada.

Deberes

El Departamento de Economía y la dirección de la textil se escudaron en que la decisión de Bruselas no se les había comunicado oficialmente para eludir una declaración. Sin embargo, el director general de Puigneró, Pere Puntí, comentó a este diario estar "muy tranquilo porque", aseguró, "nosotros hemos hecho nuestra parte, hemos hecho los deberes".

Los "deberes" son, por una parte, un plan de viabilidad para intentar salvar la empresa, pero reorientada a la actividad de acabados y con sólo una cuarta parte de la plantilla preexistente, de 1.800 empleados. Puigneró ha cerrado y espera vender su planta de Roda de Ter y también la de Prats de Lluçanès. En Sant Bartomeu del Grau, se enfrenta este año a un nuevo adelgazamiento de la plantilla que afectará a más de 50 personas. Pero estos planes tienen sentido en el marco de los convenios que Puigneró cerró el año pasado con sus acreedores, tanto ordinarios como preferentes. Entre estos últimos figuran la Seguridad Social y Hacienda. Según estos convenios, la deuda a los preferentes se devolverá en dos fases: el 40% de los 104 millones en tres años con el dinero de la venta de la planta de Roda y el resto en 12 años.

"Ya hay un acuerdo con los acreedores, que Bruselas o ignora o no comenta. Para nosotros, el caso está resuelto", añade Puntí, quien confía en el levantamiento de la suspensión de pagos dentro de unas semanas. Pero tanto estos acuerdos como el plan de viabilidad del director general empezaron a diseñarse hace dos años, mientras que las deudas contraídas que la Comisión considera "ayudas de Estado" son previas a la suspensión de pagos, con un pasivo de 138 millones de euros, a finales de 2000. Las autoridades de la Competencia subrayan que "una parte importante de la deuda siguió impagada durante más de cinco años".

Ni el valor de las propiedades hipotecadas ni el de las embargadas era "suficiente para garantizar" las deudas pendientes de pago, señala la Comisión, que critica que las autoridades españolas "no procedieron a la recuperación por la vía ejecutiva", ni aun cuando la textil "incumplió los acuerdos de reprogramación de la deuda que había suscrito".

Sobre los avales y préstamos otorgados por el ICF en 1993, 1996 y 1998 (que incluyen un préstamo de 12 millones de octubre de 2000 cuya devolución Puigneró reconoce que debe negociarse), Bruselas constata que "la garantías no eran suficientes" para que la empresa pudiera volver a ser viable y, por tanto, cree que "estas medidas son una ayuda de Estado".