De la hegemonía a la dominación
Hace unos meses denunciábamos (véase EL PAÍS, 18 de noviembre de 2002) el veto a un artículo de Álvaro Marchesi, en la Revista de Educación, publicación dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Que una revista académica financiada con fondos públicos decida retirar un artículo científico porque el mismo es crítico con la futura Ley de Calidad de la Educación es un hecho inaceptable en una sociedad democrática y empobrece, además, el progreso científico, intrínsecamente asociado a la diversidad de opiniones expuestas con el debido rigor metodológico y analítico. No creemos, sin embargo, que sea éste un hecho aislado, sino una muestra más del estilo político que parece caracterizar en los últimos tiempos al Gobierno español, y, especialmente, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: el recurso al autoritarismo para resolver las situaciones políticamente comprometidas para sus intereses. Ante tal situación, cabe preguntarse por qué un Gobierno que ha gozado durante algunos años de una notable aceptación social recurre a unas formas de dominación tan arcaicas. Quizá la respuesta pueda encontrarse en Gramsci.
Antonio Gramsci hizo uso del concepto de hegemonía para referirse al modo en que el poder gobernante se gana el consentimiento de las clases subalternas. La hegemonía se distingue de la ideología en el hecho de que esta última puede ser impuesta por medio de la coerción. A diferencia de la ideología, la hegemonía no necesita recurrir a formas autoritarias para asegurarse la adhesión de los ciudadanos, ya que éstos construyen sus lecturas de la realidad desde un único universo de significado posible. Cuando se debilita esa adhesión, sin embargo, reaparecen formas de dominación basadas en la fuerza y la coerción. Es en esta fase en la que parece estar el actual Gobierno, al menos en lo que respecta a la política educativa. El retorno de la dominación es sin duda el indicio más claro de una derecha en crisis, incapaz de seguir produciendo discursos hegemónicos que generen adhesión espontánea. Apuntaremos aquí algunos síntomas del retorno a la dominación en el terreno de la política educativa:
a) Un estilo político que, cuando lo necesita, se apropia indebidamente de lo público. Espacios e instituciones públicas, a priori independientes, son apropiadas para la defensa de intereses particulares. Un claro ejemplo de esta apropiación de lo público se produce en una reciente política de concertación de la enseñanza privada que no distingue entre centros de interés público y centros de élite.
b) Negación de la evidencia. Desde el ministerio se niegan no sólo opiniones sino hechos contrastados, cuando los mismos son disfuncionales a su línea política e ideológica. Es llamativo, por ejemplo, que se niegue la evidencia de que la implantación del bachillerato LOGSE haya permitido reducir sustancialmente el fracaso escolar en los últimos años. O lo es también afirmar que la calidad de la enseñanza no depende del gasto público por estudiante, cuando los informes de la OCDE (tan recurridos para legitimar la Ley de Calidad) evidencian tal dependencia. Cuanto más científicamente sustentada es la discrepancia, más parecen activarse los mecanismos para anularla.
c) Es también sintomática la aceleración de las reformas educativas que ha caracterizado la presente legislatura. En sólo dos años van a completarse reformas que tendrán efectos en todos los niveles de la enseñanza reglada (LOU, LOCE y LFP). Independientemente del contenido de dichas leyes, resulta preocupante que se aprueben en tan poco tiempo tres leyes que van a tener un profundo impacto en el sistema de enseñanza. La ventaja política en este caso pasa por delante del necesario consenso que debe orientar aquellos cambios que afectan a toda la sociedad. De nada han servido las peticiones de diálogo, las protestas y las movilizaciones de la ciudadanía. El ministerio ha hecho oídos sordos a todo ello, prescindiendo incluso del posible coste político que pueda comportar el aprobar medidas tan contestadas por los propios profesionales afectados y por la sociedad en general.
d) La información es manipulada con objeto de servir adecuadamente a los intereses del Gobierno. La alteración de definiciones de variables educativas básicas y de agregados de gasto educativo ha provocado recientemente la ruptura de diferentes series estadísticas en las publicaciones oficiales, restando transparencia a la intervención pública. Un ejemplo notable de este proceder lo constituye la modificación reciente de la definición de becario: los estudiantes miembros de familia numerosa han pasado a engrosar las menguantes filas de los becarios.
e) El proceso de construcción de ideología cuenta con sus propios intelectuales orgánicos, cuya labor es retribuida adecuadamente. Así lo demuestran las becas (éstas sí generosas) o subvenciones concedidas por el ministerio a los actores más activos en la apología de la LOU o de la LOCE.
Incapaz de seguir generando adhesión social, la política educativa actual ilustra las peores formas de gobierno. Unas formas que prescinden de legitimarse política y socialmente. Un estilo político, en definitiva, que es el que caracterizó históricamente a la derecha: el que antepone los intereses particulares a los intereses de Estado.
Xavier Bonal es profesor titular de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona.
