Seguros en riesgo

La publicación de resultados pone de manifiesto que el año 2002 ha sido extraordinariamente adverso para el sector asegurador, especialmente en Europa, si bien la mayor compañía mundial, la estadounidense AIG, también se unía esta semana al tren de las decepciones, al arrojar pérdidas netas en el cuarto trimestre del año. En dicho contexto, no es de extrañar que, en el Reino Unido, la autoridad reguladora se haya visto obligada, de nuevo, a rebajar las exigencias de solvencia a las aseguradoras.

Aunque el origen más visible de los males del sector asegurador europeo pueda vincularse a las importantes indemnizaciones que han debido afrontar, primero por los atentados del 11 de septiembre -cuyas pólizas primarias habían sido en buena medida reaseguradas en Europa-, y más recientemente por las catástrofes naturales en Europa central, el factor que en mayor medida ha golpeado al sector ha sido el adverso comportamiento de los mercados de renta variable, a los que son mucho más sensibles las compañías europeas que sus homólogas de Estados Unidos, pues éstas sistemáticamente contaban con un menor peso de renta variable en sus carteras.

El factor que más ha golpeado al sector ha sido el adverso comportamiento de los mercados de renta variable

La elevada exposición al mercado de acciones de las aseguradoras europeas les permitía, durante los años de bonanza bursátil, utilizar las rentabilidades tan elevadas, no sólo para retribuir a los capitales propios, sino para reducir las primas cobradas a los asegurados, o incrementar la retribución a los capitales acumulados de éstos. Cuando las rentabilidades bursátiles se tornan negativas, esa práctica tan agresiva se convierte en una trampa mortal: pone al descubierto la incapacidad de las primas para hacer frente al equilibrio financiero básico, según el cual las primas deben cubrir las indemnizaciones y los gastos de explotación. Esta situación se deteriora aún más cuando las rentabilidades de las referencias de deuda pública caen hasta la zona de mínimos históricos y el deterioro de la calidad crediticia de muchas emisiones privadas impide su compra.

El problema no sería, por tanto, el de una política inversora más o menos agresiva, sino el de la traslación de la misma al proceso de fijación de precios, que debe ser realizada sobre la base de una gestión integrada de los activos y los pasivos.

Ángel Berges y David Cano son socios del Grupo Analistas.