Los siete DNI de Rosa Martín

La Audiencia Nacional ha aceptado una demanda contra el Ministerio de Interior por daños y perjuicios derivados del funcionamiento de los servicios públicos presentada por Rosa Martín, a quien diferentes bancos e instituciones públicas atribuyen hasta siete números diferentes del documento nacional de identidad. Por eso, pide una indemnización de nueve millones de euros (1.500 millones de pesetas).

Cada español sólo puede tener un DNI, que es intransferible. Pero un error en la transcripción al renovar su documento permitió que Martín tuviera, sin saberlo, un carné cuyo número (112.384.080) se repetía en el de otra persona. Cuando en 1991 se informatizó el Servicio del Documento Nacional, que depende de Interior, afloraron muchos casos similares.

El caos de números ha embarcado a Martín en 60 procedimientos judiciales en tres años

Pero ella no supo del error hasta 1994, al ir a matricular un vehículo. Entonces, según la policía, se le devolvió su número inicial, el 12.384.804. Pero cuando volvió a Tráfico el error persistía: también correspondía a otra persona. Se le asignó un tercero, el 12.348.080, y la policía se encargó entonces de notificar a diferentes organismos públicos los cambios. Ella hizo lo mismo con los bancos y empresas con los que tenía relación. Pero en algunos sitios persistió el error. Interior asegura que carece de competencia para exigir a otros organismos que cumplan la obligación de eliminar esos datos.

Con el tiempo, a Rosa Martín le adjudicaron otros números: el Inem le atribuyó el 112.384.080 al ingresarle el subsidio de desempleo; Caja Madrid la demandó haciendo constar el 93.644; la Diputación Provincial de Málaga cobró el impuesto de bienes inmuebles con el número de DNI 12.234.080 y la UNED guarda su expediente académico con el 12.384.040. Este caos no fue anecdótico, sino que, según asegura Martín, la ha arrastrado a unos 60 procedimientos judiciales en tres años y le ha hecho perder un patrimonio de unos 300 millones de pesetas.

Ha permitido, por ejemplo, que se subastara su casa en Madrid y un chalé que tenía en Málaga para hacer frente a una demanda de embargo que le interpuso Caja Madrid. A pesar de que se le reclamaba una deuda con un DNI que no era suyo, se ejecutó. Además, no pudo oponer otros bienes, porque en el catastro no aparecen sus propiedades con el que se supone que es su carné. "En cambio, han subastado esos bienes que en teoría no aparecen como de mi propiedad", asegura ella.

También le han denegado la ayuda social porque, cuando presentó varios certificados de prestaciones del Inem, uno por número, para tratar de demostrar que no había tenido ingresos, le dijeron que no estaba clara su personalidad. Y, para rizar el rizo, según ella, no puede demostrar que ha cursado hasta cuarto de Derecho, porque en la UNED no aparece su expediente académico con su carné verdadero y eso impide que ella misma pueda ejercer su defensa. "Tengo un centenar de abogados y procuradores de oficio actuando para mí", dice.

"El problema procede de un error de la Administración. Pero al no borrar los DNI inactivos, se han generado nuevas relaciones", aseguró el jefe del servicio del DNI. Por eso Martín actúa ahora contra Interior. Éste reconoció su responsabilidad en una carta del 14 de enero del año pasado que le envió el director del gabinete del ministro, cuando le explicó que iban a borrar los números que no eran suyos y a comunicarlo a los organismos públicos "al tratarse de un fallo imputable a la Administración". Sin embargo, y ésta es la reclamación de Martín, esa solución no sirvió porque los DNI continuaron activos.

Dos semanas más tarde, Martín presentó en el Registro General de Interior un escrito en el que decía estar en contra de la solución que le habían dado y pedía una "considerable indemnización compensatoria". Al no tener respuesta, interpuso una demanda por silencio administrativo en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Madrid contra el ministerio. Este órgano judicial se inhibió -ya que entendió que se trataba de un acto del ministro- en favor de la Audiencia Nacional, que ha abierto una investigación.

Pero cuando ésta ha reclamado al ministerio el expediente de Martín, en él aseguran que no existe. Ella lo ve como una nueva jugarreta de la burocracia.

Un portavoz del ministerio explicó que entienden que en su escrito Martín no hizo una "valoración económica" del daño causado y que por eso es sólo una queja, no un expediente de responsabilidad patrimonial. "No hay constatación de que ella exija una indemnización. Se le contestó y se le dijo que se le resolvería, pero no en un sentido económico", asegura.

Ahora la Audiencia tendrá que decidir quién tiene la razón.