El Gobierno rechaza la amenaza de Cascos y seguirá las obras de la 'Y'

El Gobierno vasco sigue elevando el desafío que mantiene con el Ministerio de Fomento por las obras de la Y ferroviaria. El consejero de Transportes, Álvaro Amann, anunció ayer que el Ejecutivo va a continuar con el concurso iniciado en diciembre para adjudicar la redacción de los proyectos constructivos del ramal guipuzcoano Irún-Zumarraga, pese a la amenaza del Ministerio de Fomento de acudir a los tribunales si en el plazo de un mes no anula todo el proceso. En principio, la adjudicación efectiva a las empresas ganadoras está prevista para el mes de mayo.

Amann asegura que el Gobierno vasco es competente para realizar este concurso, justo lo contrario de lo que opina Fomento. Mientras el ministerio guardó ayer un mutismo total sobre la decisión del Gobierno, la amenaza de la vía judicial ha provocado en el consejero una mezcla de decepción y enfado.

Decepción porque el consejero confiaba en que el acelerón dado al desarrollo de la la Y ferroviaria con el concurso para los proyectos constructivos iba a espolear a Fomento a imprimir el ritmo necesario a los trámites para lograr que la red vasca en velocidad alta esté operativa en 2010. "La noticia que esperaba recibir", señaló Amann, "era que el ministerio aceptaba firmar el convenio que redactamos el año pasado y que se ha quedado encima de la mesa. Pero, lejos de mostrar una voluntad de cooperar, anuncia un intento de paralizar lo realizado hasta ahora".

Y el enfado quedó patente en sus reiteradas acusaciones a Fomento de "falta de voluntad política" para firmar el convenio suscrito en su momento e impulsar los trabajos. "La voluntad se demuestra haciendo cosas y a buen ritmo y no dejando que transcurra el tiempo y con una actividad mínima", protestó.

Reparto de competencias

En relación al convenio, el consejero admitió su extrañeza por el hecho de que Formento no lo haya firmado y atribuyó este hecho, de forma enigmática, a "extrañas circunstancias". Según Amann, la existencia de ese pacto demuestra que Fomento acepta que las dos administraciones tienen competencias en el proyecto de la Y y que se distribuyen los trabajos. Su discurso se basa en que la línea de alta velocidad es, por un lado, una red interna que une a las tres capitales vascas y, por lo tanto, competencia del Ejecutivo autónomo. Y por otra parte, se trata asimismo de una red transeuropea, que une Madrid con la localidad francesa de Dax atravesando la comunidad autónoma. Por eso, también es una obra de interés general que debe ser promovida y gestionada desde el Gobierno central, que asume los más de 3.000 millones de euros de coste estimado.

Fomento no comparte esta teoría. En su opinión, la actuación del Ejecutivo de Vitoria al sacar a concurso los proyectos constructivos del ramal guipuzcoano vulnera la distribución de competencias, porque la dimensión del proyecto excede del territorio del País Vasco.

Amann envió ayer mismo una carta al ministerio expresándole su pesar por el anuncio del recurso e invitándole a firmar el convenio. Confía en que el mes que le ha dado de plazo Fomento para anular los concursos le sirva a su vez al ministerio para reflexionar y darse cuenta de que ese "no es el camino". Además, hizo hincapié en que en el mes de septiembre del año pasado ya solicitó una entrevista con el ministro, Francisco Álvarez Cascos, en un intento de poner el proceso en marcha, pero que aún sigue pendiente de recibir contestación.

Pese a la amenaza de los tribunales, Amann se mostró muy firme en la decisión de proseguir con los trabajos. Si los plazos se cumplen, en mayo adjudicará los proyectos ganadores y después deberán transcurrir cerca de siete meses para que esos proyectos se desarrollen de una manera pormenorizada y pasen todos los filtros de alegaciones. Según fuentes del departamento, la primera piedra se podría colocar en el primer trimestre de 2004. Así se podrían cumplir los plazos: la red terminada en 2008 y operativa en 2010.

Si finalmente Fomento interpone su recurso, sería el tercero en contra del Gobierno. El Ayuntamiento de Anoeta, gobernado por Batasuna, y la plataforma anti Tren de Alta Velocidad han presentado los otros dos. Ambos están pendientes de resolución judicial y se basan en que el Gobierno no es competente para hacer la obra.