Las familias de las víctimas del Bazar España retiran las acusaciones a cambio de 270.000 euros

Los 14 abogados que representan a las acusaciones y defensas en el juicio por el derrumbe del muro del Bazar España presentaron ayer en el registro general de los juzgados de Sevilla un acuerdo por el que cada una de las familias de los cinco fallecidos recibirán 270.000 euros a cambio de retirar la acusación. La Fiscalía consideró el caso en su momento como una falta de imprudencia simple, que sólo es perseguible a instancias de una parte afectada, por lo que la retirada de las acusaciones supondría la suspensión juicio, que empezó el pasado 13 de enero y debía reanudarse el lunes.

Las negociaciones para llegar a un acuerdo entre los familiares de las víctimas y los imputados comenzaron, según fuentes cercanas al caso, apenas dos semanas después del derrumbe del muro, que ocurrió la tarde del 31 de diciembre de 1998. La posibilidad de alcanzar un pacto volvió a plantearse el día que arrancó el juicio, el pasado 13 de enero, con una oferta ligeramente inferior a la acordada ahora.

Los abogados de las familias, de los siete imputados y de los dos responsables subsidiarios -el Ayuntamiento de Sevilla e Inmobiliaria Osuna- se reunieron durante la mañana de ayer en la sede del Colegio de Abogados y ultimaron por fin el acuerdo, del que sólo faltaba concretar la forma en la que se repartirán el pago de las indemnizaciones las cuatro aseguradoras -la de la inmobiliaria, la de la Gerencia de Urbanismo, la de los dos aparejadores y la del arquitecto que firmó el proyecto de demolición y nueva planta del muro-.

Suspensión del juicio

Según el texto final, la familia de cada una de las cinco víctimas recibirá 270.000 euros, una cantidad muy superior a la que impondría el juez en una hipotética sentencia condenatoria y que se sumará a los 72.100 euros con los que el Ayuntamiento ya indemnizó a los familiares.

A última hora de la mañana de ayer, y después de que los abogados presentaran el documento en el registro de los juzgados, el juez encargado del caso, Rafael Tirado, decretó la suspensión de la vista oral que debía reanudarse el lunes y en la que estaba previsto que declarara el primero de los cuatro funcionarios de la Gerencia de Urbanismo imputados en el caso. No obstante, para que la retirada de las acusaciones se haga efectiva, los familiares de las cinco víctimas deberán, en los próximos días, ratificar personalmente el pacto en los juzgados.

El juez ha convocado para el próximo día 20 la que previsiblemente sea la última sesión del juicio, en la que volverán a reunirse los abogados de todas las partes y se deberá constatar que los afectados han cobrado ya las indemnizaciones. En esa última sesión, se dará a conocer el contenido íntegro del acuerdo y se leerá la sentencia absolutoria.

Aunque los abogados prefieren no desvelar los detalles del documento, sí que ha trascendido que el texto incluye el reconocimiento de responsabilidad por parte de los imputados, una de las condiciones que habían planteado las familias de las víctimas. Así, los acusados "lamentan" las cinco muertes que causó el derrumbe del muro y muestran su deseo de no prorrogar más el proceso.

Hasta el momento se habían celebrado ya seis sesiones de un juicio que estaba previsto que durara dos meses. Los únicos que han llegado a declarar han sido el arquitecto, Luis Recuenco, y los dos aparejadores, Dionisio García y Antonio Camarero. Los tres han señalado a la Gerencia de Urbanismo como responsable de que el muro, de siete metros y medio de altura, se mantuviera en pie, mientras se realizaban en el solar del antiguo bazar unas catas arqueológicas.