106 eurodiputados piden que la ONU levante la prohibición de la venta de drogas

La Liga Internacional Antiprohibicionista, un grupo con más de 2.000 miembros, entre ellos 106 eurodiputados (11 españoles), pidió ayer a la ONU que cambie su enfoque sobre la lucha contra las drogas, regule el comercio y uso de los estupefacientes y descriminalice la venta de cannabis y la distribución controlada de heroína. En un acto organizado en una sala del Congreso, la Liga acusó a la ONU de ser "causa real" del aumento de los daños que infligen las sustancias prohibidas, premiando actuaciones represivas, incluida la pena de muerte, frente a las de reducción de daños.

Entre los componentes de la Liga hay diputados europeos, africanos y americanos, Entre los españoles están los socialistas Luis Yáñez (que presidió la presentación ayer en Madrid), Rosa Díez y Carmen Cerdeira, el candidato verde a la alcaldía de Madrid, José María Mendiluce, y el senador de CiU Jordi Xuclá. "El prohibicionismo ya ha demostrado su fracaso", remarcó Yáñez, quien destacó el aumento continuo registrado por el consumo de drogas en los últimos 40 años. "Ello no quiere decir que todos los componentes de la Liga estemos diciendo que haya que legalizar todas las drogas en todas partes mañana mismo, sino que hay que buscar otras políticas para reducir el peligro que supone el abuso de estas sustancias, explicó Yáñez.

Para la diputada de IU Marisa Castro, se trata de "abrir un debate sobre otras políticas más eficaces y más respetuosas con las libertades". "Es inmoral que se gaste tanto dinero en políticas que no benefician a quienes abusan de las drogas", declaró Castro.

Las actuaciones de la Liga tienen una fecha como meta: la reunión ministerial de la Comisión de Narcóticos de Naciones Unidas que comenzará el 16 de abril en Viena. El eurodiputado del partido radical italiano Marco Cappato recordó que en 1998 la Asamblea General de la ONU estableció el objetivo de un mundo sin drogas a partir de 2008.

'Buenos alumnos'

La ONU "no ha dudado en negociar con dictadores, terroristas (incluidos los talibanes)... todo en nombre de la guerra santa contra las drogas", afirmó Cappato. "En la ONU hay buenos alumnos como China, Birmania o Irán a los que se felicita porque curan la droga con una bala en la cabeza, y malos como Holanda (por la venta de cannabis), Canadá (que permite su uso medicinal) o Suiza (por sus programas de dispensación de heroína). Queremos es que se escuche y se evalúe seriamente estos enfoques". Cappato también pidió la desclasificación del cannabis de la lista de drogas ilegales. La Liga solicitó que se legalice el uso medicinal de las sustancias.

La agrupación reconoce que "el abuso de las drogas constituye un problema de envergadura mundial", pero afirma que "la acción del Estado, a través del derecho penal y la policía, no tiene sino una incidencia marginal" sobre su control. Además, las leyes no impiden que los estupefacientes circulen libremente, y su tráfico constituye el segundo comercio mundial después de las armas.

Con la prohibición, según la Liga, aumenta la rentabilidad del negocio, y este dinero sirve en parte para alimentar las arcas de terroristas y guerrillas. "No conozco ningún argumento sólido a favor de la prohibición", pero en cambio sí a muchos que viven gracias a ella, dijo Savater. Entre los beneficiarios, el filósofo sitúa a funcionarios de los organismos internacionales, los ejércitos y policías, los que la producen y venden y los que curan y rehabilitan a los adictos.

Económicamente, la lucha policial contra la droga es ineficaz, según la Liga. "La persecución produce muchos más gastos que la posible rehabilitación. Si se legalizara, se podría gravar con impuestos, de manera que el beneficio fuera para el Estado y no para los traficantes, como ocurre con el tabaco y el alcohol", justificó Savater.

Otro aspecto contra la prohibición es el sanitario. Los consumidores, según la Liga, carecen de información sobre la composición y efecto de los estupefacientes y su carácter clandestino dificulta el acceso a los programas de prevención y reducción de daños, y obliga a los consumidores a vivir en los límites de la criminalidad mientras que aumenta el coste y los beneficios del producto.