Visados bajo sospecha

La lucha contra las mafias que trafican con la inmigración no puede dejar a un lado, si quiere ser eficaz, las posibles connivencias que a veces encuentran estas organizaciones criminales en el interior de los aparatos del Estado. La venta de visados o de permisos de trabajo y de residencia fraudulentos es una de ellas. No es extraño, por ello, que en los últimos años, con una presión migratoria creciente, hayan salido a la luz casos de funcionarios que han debido ser investigados por su supuesta implicación en este tipo de corrupción.

El informe de dos inspectores del Ministerio de Asuntos Exteriores señalando indicios de que, al menos desde 1999, el anterior cónsul español en Tetuán (Marruecos) pudo facilitar cientos de visados irregulares a falsos turistas marroquíes deseosos de emigrar a España, dispara las alarmas sobre la extensión de este tipo de prácticas corruptas y la relativa impunidad con que pueden llevarse a cabo. De confirmarse el hecho, pendiente de una posible querella por parte de la Fiscalía General del Estado, se trataría quizás de uno de los más graves de su naturaleza conocidos hasta ahora, no sólo por el rango diplomático del funcionario implicado, sino por dar pábulo a la denuncia reiterada por Marruecos de que la corrupción funcionarial relacionada con la inmigración también es cosa de España.

Los hechos habían sido objeto de denuncias informales y a veces anónimas desde 1999, pero la investigación realizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores no se inició hasta noviembre pasado a instancias del nuevo cónsul. Sorprende de la actuación de Exteriores que en esa investigación administrativa no se haya escuchado la versión del anterior cónsul, sobre el que se concentran las sospechas, que este último cesara voluntariamente y que no fuera objeto de sanción alguna ni suspendido cautelarmente en sus funciones. Exteriores se ha limitado a trasladar el informe de sus inspectores al fiscal del Estado, eludiendo cualquier toma de decisión en su ámbito. Todo ello en un momento en que es obligado extremar la vigilancia sobre el funcionamiento de los servicios consulares, convertidos cada vez más en pieza esencial del engranaje de la inmigración.